Las dos mujeres fueron aprehendidas en los barrios Simón Bolívar y Nueva Esperanza, y son señaladas por la Fiscalía de haber sometido a un menor de edad a reiteradas agresiones físicas y psicológicas que le habrían causado graves afectaciones.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Sindy Patricia Santiago Echeverría y Mileydis Nohemi Viloria Sanjuanelo, quienes fueron aprehendidas en los barrios Simón Bolívar y Nueva Esperanza, y son señaladas de haber sometido a un menor de edad, hijo de una de ellas, a reiteradas agresiones físicas y psicológicas que, de acuerdo con la investigación, se habrían extendido desde 2024 y causado afectaciones a su integridad física y emocional.
De acuerdo con la información entregada por el ente investigador, una de las procesadas es la madre de la víctima y, junto con su pareja sentimental, habría participado en los hechos por los cuales ambas fueron imputadas por los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas.
Según la investigación, las agresiones contra el menor se habrían registrado en diferentes viviendas ubicadas en los barrios Simón Bolívar, de Barranquilla, y Costa Hermosa, en el municipio de Soledad, donde las procesadas presuntamente habrían sometido a la víctima a reiterados actos de violencia física y psicológica.
La Fiscalía indicó que estos hechos habrían ocasionado al menor intensos dolores físicos y afectaciones en su integridad emocional, situación que fue documentada dentro del proceso investigativo adelantado por las autoridades. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció para el menor una incapacidad médico-legal de 25 días, mientras que, según la Fiscalía, como consecuencia de las agresiones la víctima presenta una deformidad permanente en el rostro.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas, cargos que no fueron aceptados por las procesadas durante las audiencias correspondientes. Como medida de protección, el menor de edad quedó bajo la custodia de su padre biológico, mientras avanza el proceso judicial encaminado a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
