La Corte Constitucional ordenó al Departamento de Prosperidad Social (DPS) garantizar un punto de pago permanente y accesible del subsidio Colombia Mayor en el corregimiento de Monopamba, en Puerres (Nariño), luego de establecer que las condiciones impuestas a los beneficiarios de esa zona vulneraron sus derechos a la dignidad, igualdad, accesibilidad, movilidad y mínimo vital.
La Corte además extendió la medida a los corregimientos de San Mateo y El Páramo, al considerar que sus habitantes enfrentan dificultades similares de aislamiento y conectividad para más de 200 beneficiarios.
El caso se originó por el cambio del operador de pagos del programa en 2025, ya que, el nuevo esquema dejó a Monopamba sin un punto de atención y obligó a los beneficiarios a desplazarse hasta Puerres para cobrar el subsidio.
Según la información entregada a la Corte, el trayecto podía tomar cerca de dos horas y representar un gasto de transporte de hasta $60.000, una carga especialmente alta frente al valor del subsidio, que varía entre $80.000 y $225.000.
La Alcaldía de Puerres también había advertido que el punto de pago ubicado en la cabecera municipal no tenía condiciones adecuadas de acceso para personas con movilidad reducida.
Además, durante uno de los días de pago se agotó el efectivo disponible y algunos beneficiarios tuvieron que regresar a sus viviendas sin recibir el dinero.
Aunque durante el trámite de la tutela se habilitó nuevamente un punto de pago en Monopamba, esta vez a través de Super Giros, la Corte consideró que la solución no garantizaba que las mismas dificultades no se repitieran con futuros cambios de operador.
La Corte concluyó que el DPS, como entidad encargada de administrar y ejecutar Colombia Mayor, no adoptó las medidas disponibles para adaptar el servicio a las condiciones del territorio. También determinó que el Banco Agrario no activó mecanismos alternativos previstos para atender las dificultades de acceso.
Además del punto permanente en Monopamba, la Corte ordenó al DPS que, en un plazo de seis meses, incorpore criterios de accesibilidad en la contratación, ejecución y supervisión de Colombia Mayor.
Estos deberán tener en cuenta, entre otros aspectos, las condiciones de las zonas rurales y los tiempos y costos reales que deben asumir los beneficiarios para llegar a los puntos de pago.
La decisión también ordenó fortalecer la supervisión de los contratos del programa y estableció que el Banco Agrario y SuRed deberán activar mecanismos alternativos de pago cuando sea necesario para garantizar los derechos de las personas mayores.
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