La Personería Distrital de Santa Marta busca frenar los cobros adicionales a los usuarios que superen las metas de consumo de energía y pide que la regulación tenga en cuenta las altas temperaturas y las condiciones climáticas de la Costa Caribe.
El recurso busca frenar la aplicación de la Resolución de la CREG que castiga con cobros adicionales a usuarios que superen una meta de consumo.
La Personería Distrital de Santa Marta llevó a los tribunales el nuevo esquema de cobros adicionales por consumo de energía eléctrica establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), al considerar que su aplicación en la ciudad podría vulnerar los derechos fundamentales de los usuarios y generar un trato desigual frente a otras regiones del país.
El personero distrital, Edwar Fernando Orozco Oñate, actuando en agencia oficiosa de los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica de Santa Marta y el abogado Andrés Dwedney Montero, actuando a nombre propio, interpusieron una acción de tutela contra la CREG y el Ministerio de Minas y Energía,.
El recurso cuestiona la aplicación de la Resolución CREG 101 120 del 30 de julio de 2026, mediante la cual se creó un programa transitorio que establece incentivos al ahorro de energía, pero también cobros adicionales para determinados consumos que superen las metas individuales fijadas para cada usuario.
Para la Personería, el problema está en que la regulación establece un mismo esquema sin tener en cuenta que el calor es una realidad que en Santa Marta resulta determinante.
CREG USA EL MISMO TERMÓMETRO
La tutela sostiene que la metodología utilizada por la CREG para establecer las metas individuales se basa en el comportamiento histórico del consumo, pero no contempla variables climáticas como temperatura, humedad o grados-día de refrigeración.
Esta omisión, según la Personería, resulta especialmente relevante en la Región Caribe, donde las altas temperaturas hacen que el uso de ventiladores, aires acondicionados y otros equipos de refrigeración tenga un peso considerable en el consumo residencial.
La entidad advierte que el mayor consumo energético en estas condiciones no necesariamente responde a desperdicio o uso ineficiente, sino que puede estar relacionado con condiciones básicas de habitabilidad, conservación de alimentos y medicamentos, descanso y protección de la salud.
“Una regulación que pretende incentivar el ahorro no puede desconocer las condiciones reales en las que viven los usuarios”, es el planteamiento central de la acción constitucional.
La Personería considera que aplicar una misma metodología a territorios con realidades climáticas sustancialmente diferentes puede terminar generando una carga económica desproporcionada para los usuarios de la Costa Caribe.
FRENAR COBROS ADICIONALES
Ante esta situación, la Personería solicitó al juez constitucional que declare que la aplicación de la resolución en Santa Marta y la región Caribe vulnera el derecho fundamental a la igualdad y desconoce el principio de neutralidad que debe orientar la prestación del servicio de energía.
La principal pretensión es que se ordene la inaplicación de la Resolución CREG 101 120 de 2026 en el Distrito de Santa Marta, mediante la excepción de inconstitucionalidad, con efectos que puedan extenderse a los usuarios de la Región Caribe y otras zonas con alta carga térmica.
Además, se solicita que Air-e S.A. E.S.P. se abstenga de liquidar, facturar y cobrar los valores adicionales derivados de la resolución y que, cuando corresponda, se reversen o descuenten de las facturas aquellos valores que hayan sido causados y aún no hayan sido pagados.
La tutela también plantea la solicitud subsidiaria de que la CREG diseñe un esquema que reconozca las diferencias climáticas entre las regiones del país.
Entre las alternativas propuestas están ajustar las metas de consumo de acuerdo con la temperatura y humedad de cada territorio, establecer una banda de consumo neutral más amplia para las zonas de alta carga térmica y dar un tratamiento especial al consumo asociado a equipos indispensables para la salud y la refrigeración de medicamentos.
La Personería también plantea que la reducción del consumo no recaiga exclusivamente sobre los usuarios, sino que esté acompañada de programas de eficiencia energética, financiación y sustitución de equipos.
Una pelea por la equidad en el servicio de energía
La acción constitucional pone sobre la mesa un debate que trasciende el valor de una factura: si una política nacional de ahorro energético puede aplicarse de manera uniforme cuando las condiciones climáticas y las necesidades de consumo son diferentes entre regiones.
Para la Personería Distrital, la defensa del usuario no significa oponerse al ahorro energético, sino exigir que las medidas regulatorias sean proporcionales, equitativas y ajustadas a las condiciones reales de cada territorio.
Mientras se resuelve la tutela, la entidad solicitó además la suspensión de la causación del cobro adicional para los usuarios de Santa Marta.
La decisión queda ahora en manos de la autoridad judicial, que deberá determinar si la aplicación del esquema regulatorio en la ciudad desconoce los derechos fundamentales invocados por la Personería y los usuarios del servicio.
