El gobierno nacional impugnó el fallo del juzgado quinto laboral de Bogotá, que ordenó al presidente de la Espriella pedir perdón en alocución presidencial por la supuesta vulneración a la libertad religiosa que cometió en la posesión presidencial del pasado 7 de agosto.
Tras la tutela presentada por el accionante Omar Alberto Franco, la representación jurídica del presidente pide que se revoque el fallo de tutela y se declare improcedente, al señalar que no se demostró ninguna vulneración o imposición de una determinada fe religiosa.
«El fallo no acreditó una política estatal, una imposición, una coacción, una medida de privilegio jurídico o una promoción activa de la religión cristiana. Tampoco acreditó una afectación concreta que trascendiera el desacuerdo del actor con el contenido del discurso», señala el escrito.
En el documento conocido, señalan que el fallo «omite distinguir la libertad de conciencia del Presidente de la República —que no desaparece con la posesión— de su deber funcional de no utilizar el poder estatal para imponer o promover activamente un credo».
Esto porque en su justificación, una expresión personal de gratitud realizada en un discurso oficial «no basta para concluir que el Estado ha adoptado ese mensaje como política institucional».
Además, afirman que la orden de ofrecer disculpas mediante una alocución presidencial de radio y televisión, en fecha y hora exactas «carece de justificación suficiente porque no se demostró la existencia de vulneración que no fue demostrada y de paso, desconoce que las alocuciones presidenciales están sujetas a un régimen y a condiciones propias.
En el documento presentado al juez quinto laboral que «no demostró una política pública, una instrucción administrativa o una práctica institucional del Ejecutivo de promover una confesión determinada».
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