La entidad solicita garantías para evitar que los cambios en la clasificación socioeconómica afecten el acceso de la población vulnerable a subsidios, salud y educación.
La Personería de Santa Marta elevó una alerta al Departamento Nacional de Planeación (DNP) frente a los cambios metodológicos asociados al Registro Universal de Ingresos (RUI) y pidió adoptar medidas que garanticen una transición transparente, gradual y respetuosa de los derechos fundamentales de la población vulnerable del Distrito.
La actuación del Ministerio Público se originó en las múltiples solicitudes, quejas y requerimientos por ciudadanos que expresaron su preocupación ante modificaciones en su clasificación socioeconómica y por los posibles efectos que estas podrían generar sobre su acceso y permanencia en diferentes programas sociales del Estado.
Ante esta situación, la Personería realizó una visita administrativa a las oficinas del Sisbén y a la Secretaría de Promoción Social del Distrito, con el propósito de verificar las condiciones en las que se adelanta la transición hacia el nuevo modelo de focalización.
Durante la diligencia se constató que, si bien el DNP ha realizado jornadas de socialización sobre el proceso, persisten dificultades relacionadas con el acompañamiento técnico requerido para que las entidades territoriales puedan asumir adecuadamente sus nuevas responsabilidades. Asimismo, se verificó que la infraestructura tecnológica se encuentra instalada, pero la Ventanilla Social aún no está habilitada para su operación, lo que limita actualmente el acceso funcional a las herramientas asociadas al RUI.
Entre los programas que podrían verse impactados por estos cambios se encuentran Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA, el régimen subsidiado de salud, la política de gratuidad educativa y diferentes apoyos financieros del ICETEX.
En ese sentido, la Personería advirtió que cualquier modificación en la clasificación socioeconómica debe garantizar los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad material, debido proceso, confianza legítima y buena fe, especialmente cuando se trate de personas en condición de vulnerabilidad.
SOLICITUDES AL DNP
Ante este panorama, el Ministerio Público solicitó al Departamento Nacional de Planeación fortalecer de manera inmediata el acompañamiento técnico al Distrito, garantizar la puesta en funcionamiento de las herramientas tecnológicas del RUI y establecer un protocolo de contingencia para atender a la ciudadanía mientras se supera cualquier falla en las plataformas.
También pidió garantizar mecanismos eficaces de información, revisión y reclamación frente a los cambios en la clasificación socioeconómica, así como el derecho de los ciudadanos a actualizar y autodeclarar su información.
La Personería solicitó, además, fortalecer la pedagogía sobre el funcionamiento del RUI, mejorar los controles de calidad en los cruces de información entre bases de datos y adoptar medidas de mitigación para evitar que una falla durante la transición derive en la exclusión injustificada de personas que dependen de los programas sociales para garantizar su mínimo vital.
Finalmente, pidió al DNP evaluar la necesidad de establecer un plan de contingencia o una eventual prórroga frente al plazo de transición fijado para el 31 de octubre de 2026, de manera que el Sisbén IV pueda mantenerse de forma transitoria e ininterrumpida para el acceso a programas sociales mientras la Ventanilla Social no se encuentre plenamente operativa y probada en Santa Marta.
La Personería Distrital anunció que continuará haciendo seguimiento a las inquietudes de la ciudadanía y ejercerá las acciones constitucionales y legales que correspondan para proteger los derechos fundamentales de la población vulnerable del Distrito.
