Un informe de inteligencia compuesto por 18 páginas encendió las alarmas de las autoridades colombianas tras revelar presuntos planes orientados a alterar la tranquilidad ciudadana y afectar la gobernabilidad en diversos departamentos.
Los documentos reservados, cuentan con aportes de agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes, y detallan una serie de acciones coordinadas que buscan impactar la seguridad nacional.
De acuerdo con el análisis de los organismos de seguridad, las estrategias contemplan desde hostigamientos contra las Fuerzas Armadas hasta la interrupción de movilidad en corredores viales clave.
Entre las acciones advertidas se encuentran ataques a la infraestructura institucional, vial y energética, así como amenazas directas contra gobernadores, alcaldes y líderes sociales. Asimismo, se contempla la emisión simultánea de comunicados por parte de estructuras al margen de la ley.
Según lo expuesto en los informes, la estrategia no solo contempla acciones sobre el terreno, sino también el uso coordinado de plataformas digitales.
La meta de estos sectores sería utilizar las redes sociales como el canal principal para difundir desinformación y generar incertidumbre entre la población civil.
Departamentos con mayor nivel de riesgo de desestabilización
El reporte de inteligencia prioriza áreas geográficas específicas donde podría concentrarse la presión de estos grupos criminales o economías ilícitas para obstruir las operaciones militares y ejercer control sobre las comunidades:
Nariño
Catatumbo
Valle del Cauca
Arauca
Cauca
Regiones del Norte y Bajo Cauca de Antioquia
El documento indica de manera textual que “incidentes violentos, ataques armados, ataques contra infraestructura, bloqueos o alteraciones del orden público podrían utilizarse para presentar al gobierno electo como incapaz de garantizar el control territorial”.
A su vez, las agencias advierten sobre la “explotación de la movilización por parte de grupos armados ilegales, redes criminales o economías ilícitas para presionar corredores, obstruir operaciones militares, controlar comunidades o proyectar incapacidad estatal”.
Los expedientes ya se encuentran bajo el análisis de los organismos de inteligencia del país, los cuales adelantan labores de verificación y contingencia para frenar cualquier intento de alteración del orden público y proteger a las comunidades de las zonas focalizadas.
/EL TIEMPO
