El gobierno Petro se despide presentando un proyecto de presupuesto para la vigencia 2027. Lo hace, porque una norma constitucional dispone que los proyectos de presupuesto para el año siguiente deben presentarse dentro de los 10 primeros días de cada legislatura, en nuestro caso la que comenzó el 20 de julio. Formalmente, pues, se cumplió con la norma constitucional.
Sin embargo, este proyecto de presupuesto es inaceptable y debe por tanto devolverse al ministerio de hacienda- como lo autoriza el estatuto orgánico del presupuesto- para que se modifique de cabo a rabo antes de que se inicie su discusión formal en las cámaras.
Es inaceptable para el nuevo gobierno por dos razones: en primer lugar, porque no refleja las prioridades fiscales de la nueva administración. Y, en segundo lugar, porque entraña la necesidad de una ley de financiamiento (reforma tributaria) que ya presentó también la administración saliente, pero que resulta en un ajuste insuficiente a las necesidades del país. El rechazo de este proyecto de presupuesto para la vigencia 2027 deberá acarrear también el archivo de la reforma tributaria agónica que radicó la administración Petro. Veamos.
No refleja las prioridades del nuevo gobierno. Un buen ejemplo de ello es el programa de emergencia para la salud por $ 10 billones que la administración ADLE ha anunciado como estrategia para estabilizar en una primera instancia el sistema de la salud. Este gasto para atender los primeros auxilios de la salud no figura en el proyecto de presupuesto 2027. Antes de empezar su discusión en el Congreso debe, entonces, adicionarse en $ 10 billones el programa de gastos para el año entrante.
La nueva administración ha dicho, con buen juicio, que es tan grave y caótica la situación de la salud que entrega la administración Petro que, primero, hay que llevarla a la sala de cuidados intensivos para estabilizarla, y luego proceder a hacer las reformas estructurales que requiere. Los $ 10 billones son, apenas, para atender los gastos inmediatos de la sala de urgencias.
Y así por el estilo hay otras prioridades del nuevo gobierno que no aparecen en el proyecto de presupuesto para el 2027.
En segundo lugar, el proyecto de presupuesto registrado no refleja tampoco la magnitud del ajuste fiscal que es necesario realizar para recuperar la viabilidad fiscal destrozada que entrega la administración Petro. Por eso debe devolvérsele al ministerio de Hacienda.
Se trata de un programa de gastos por $ 575 billones para el año entrante, al cual le faltan por financiar $ 30 billones. De ahí el proyecto de reforma tributaria que también presentó ya la administración saliente.
Pero resulta que en este engendro presupuestal para el 2027 contiene también, la continuidad de gastos primarios innecesarios que una política seria de austeridad debe comenzar por suprimir.
E igualmente hay un desfinanciamiento mucho mayor que el que aparece en el canto del cisne presupuestal que deja el gobierno Petro.
De allí que el nuevo gobierno –desde el punto de vista presupuestal para la vigencia 2027- debe comenzar por devolver el proyecto ya registrado para que se proceda a modificarlo de la A a la Z, antes de empezar su discusión en el Congreso nacional.
*Exministro de Estado
