Durante su discurso de posesión, en el Cantón Militar Pichincha de Cali, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a uno de los asuntos que marcó su posición durante la campaña electoral: el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El mandatario aseguró que su Gobierno respetará el orden jurídico vigente, pero advirtió que revisará de manera rigurosa la naturaleza y los efectos de este sistema de justicia transicional.
De la Espriella sostuvo que Colombia, después de décadas de violencia y terrorismo, no puede permitir que la justicia sea percibida como un mecanismo de indulgencia frente a quienes cometieron graves crímenes.
En ese sentido, planteó que la política de reconciliación de su Gobierno deberá tener como eje la dignidad de las víctimas, el cumplimiento de la ley y la garantía de que hechos atroces no vuelvan a recibir un tratamiento permisivo por parte del Estado.
El presidente recordó que durante la campaña expresó de manera clara su posición frente a la Jurisdicción Especial para la Paz y reiteró que mantiene esa postura ahora que asumió el cargo.
“Una nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo, no puede aceptar, bajo ninguna circunstancia que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia”, afirmó el mandatario durante su discurso.
De la Espriella señaló que respetará el marco jurídico vigente, pero dejó abierta la posibilidad de evaluar el funcionamiento de la JEP. Según explicó, existe un deber de “revisar con absoluto rigor la naturaleza y los efectos” de una jurisdicción que, en su opinión, nació desconociendo la voluntad popular.
La declaración marca una de las primeras posiciones del nuevo Gobierno frente al modelo de justicia transicional implementado tras el acuerdo de paz con las extintas Farc. El pronunciamiento del mandatario apunta a una revisión de sus alcances y efectos, aunque no implica, por sí mismo, un anuncio de eliminación o desconocimiento de la jurisdicción.
El énfasis de De la Espriella estuvo en la necesidad de garantizar que el sistema de justicia responda a las víctimas y preserve el principio de responsabilidad frente a los delitos cometidos durante el conflicto armado.
En su intervención, el presidente también cuestionó cualquier concepción de reconciliación que, a su juicio, pueda construirse a partir del olvido o de la ausencia de responsabilidad frente a los crímenes cometidos durante décadas de violencia.
“La reconciliación no se edifica sobre el olvido”, sostuvo De la Espriella, al plantear que la búsqueda de paz debe estar acompañada por garantías para las víctimas y por el respeto al imperio de la ley.
El mandatario afirmó que la verdadera reconciliación debe descansar sobre “la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley” y la certeza de que ningún crimen atroz volverá a recibir un trato indulgente por parte del Estado colombiano.
El 13 de julio pasado, cuando todavía no había tomado posesión, el presidente Abelardo de la Espriella anunció por medio de sus redes sociales que recortaría el 90% del presupuesto con el que funciona la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Según reporta el diario El País, el tribunal de justicia transicional funciona con 739.000 millones de pesos, de los cuales se reportaron un 99,3% de ejecución. El 80% de ese presupuesto es usado para gastos de funcionamiento —magistrados, personal técnico, la operación judicial—, mientras que el 20% restante se emplea para proyectos de inversión.
El recorte propuesto por el presidente De la Espriella significaría que la jurisdicción debería funcionar únicamente con $74.000 millones para sostener diez macrocasos contra exguerrilleros y exmilitares y financiar las sanciones restaurativas ya impuestas.
