La Procuraduría General de la Nación encontró que la situación financiera de varias EPS del país se continúa deteriorando gravemente y las barreras de acceso en la atención de los pacientes se mantienen.
Así lo manifestó la entidad al presentar un informe de las actuaciones de vigilancia preventiva y control adelantadas a las EPS Mutual Ser, Emssanar, Proteger y Nueva EPS.
«Si bien, cada una de ellas presentan particularidades propias de su situación administrativa y el impacto al sistema no guarda las mismas proporciones, comparten problemáticas estructurales que continúan afectando la prestación oportuna y efectiva de los servicios de salud, tales como el incremento sostenido de las peticiones, quejas y reclamos (PQR), tutelas e incidentes de desacato, asociados principalmente a demoras en la asignación de citas médicas especializadas, dificultades en la autorización de servicios y tecnologías en salud, retrasos en la entrega de medicamentos y otras barreras administrativas que limitan el acceso efectivo a la atención», manifestó la entidad.
Señaló el Ministerio Público, que la Nueva EPS sigue presentando un riesgo sistémico y estructural para garantizar el derecho a la salud de los pacientes y para ser sostenible financieramente.
Los estados financieros de la entidad no cuentan con dictamen favorable de la revisoría fiscal y, con corte a 2024, registran pasivos superiores a $22 billones y pérdidas acumuladas que superan los $11 billones.
En 24 meses, la entidad tuvo cinco interventores diferentes.
En el primer trimestre de 2026, se presentaron 40.668 acciones de tutela contra la entidad, lo que equivale al 60% del total de tutelas presentadas durante toda la vigencia 2023. También se reportaron 10.031 incidentes de desacato, con cerca del 36% aún sin atender.
La entidad remitió la información correspondiente para que se investiguen presuntas responsabilidades disciplinarias por parte del Ministerio de Salud, por no haber optimizado el flujo de recursos en el sistema de salud, y de la Superintendencia Nacional de Salud por las fallas en los procesos de inspección, vigilancia y control.
/COLPRENSA
