Ante las versiones que han circulado sobre un presunto desalojo de caficultores en Palmor, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) aclaró que la demanda presentada para el reconocimiento de derechos étnico-territoriales del pueblo Kogui no incluye ninguna solicitud para retirar a las familias de sus predios.
La entidad explicó que el proceso busca el reconocimiento de los derechos étnico-territoriales de cuatro asentamientos del pueblo Kogui sobre un área de 6.148 hectáreas más 7.829 metros cuadrados en la Sierra Nevada de Santa Marta y reiteró que las decisiones sobre la solicitud corresponden exclusivamente a los jueces especializados.
El pronunciamiento se produjo luego de que circularan versiones en algunos medios de comunicación y redes sociales sobre una supuesta solicitud de desalojo de las familias caficultoras del corregimiento de Palmor, en el municipio de Ciénaga.
El director territorial de la URT para Magdalena y Atlántico, José Humberto Torres, aseguró que la demanda no contiene ninguna petición encaminada al desalojo de campesinos o caficultores.
«No hay una sola línea o párrafo en la demanda que pida el desalojo de los campesinos o caficultores. Los medios de comunicación no deben seguir cayendo en la trampa de propagar, sin pruebas, un relato falso que han querido instalar en el imaginario social de los caficultores de Palmor», afirmó.
La URT recordó que los procesos de restitución de tierras se desarrollan bajo el principio del debido proceso y conforme a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 4633 de 2011, que establecen medidas para la restitución y el restablecimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Llamado por videos con menores
Durante el pronunciamiento, José Humberto Torres también expresó preocupación por la circulación de videos en redes sociales en los que participan menores de edad enviando mensajes relacionados con este proceso al presidente electo, Abelardo de la Espriella.
El funcionario hizo un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo y la administración departamental para que se garantice la protección de los derechos de los niños y adolescentes.
«Resulta reprochable instrumentalizar a los niños, obligándolos a repetir afirmaciones falsas. En ningún momento se ha solicitado el desalojo de los caficultores de Palmor de sus predios», manifestó.
Finalmente, la Dirección Territorial Magdalena y Atlántico indicó que las actuaciones adelantadas dentro del proceso, como la caracterización del territorio y la notificación a la Alcaldía de Ciénaga, se han realizado desde 2023, cuando las autoridades y representantes del pueblo Kogui presentaron la solicitud de restitución. Asimismo, invitó a la ciudadanía, líderes sociales y medios de comunicación a verificar la información antes de difundir versiones que puedan generar incertidumbre entre las comunidades involucradas.
