La democracia es sagrada y el ciudadano es soberano, y con eso no se apuesta. Colombia lo demostró votando dos veces y diciendo, las dos veces, exactamente lo mismo.
En la primera vuelta entre amplio número de candidatos, y en junio, para la segunda, redujo la decisión a dos. En ambas ocasiones ganó Abelardo de la Espriella, esta vez con una ventaja de 250 mil votos que lo convirtió en el presidente más votado en la historia del país. Una diferencia que no admite relectura.
Pero no ganó en un escenario fácil. Mientras hacía campaña, el gobierno saliente disparó el gasto en pauta institucional, se saltó las reglas fiscales y acumuló denuncias por intervención indebida en política. Hay expresiones que señalan que en las zonas en donde el Estado ha perdido presencia, fuerzas al margen de la ley promovieron su candidato. El tablero estaba servido para el otro lado, y aun así ganó la oposición.
Esos son los hechos. Lo que vino después ya no pertenece a los hechos, sino al relato de Petro. La misma noche de la primera vuelta comenzaron las supuestas dudas sobre el preconteo, luego aparecieron las cédulas que sobraban, después la expresión sobre injerencia extranjera, y finalmente dizque un fraude sin apellido ni prueba. Cada hipótesis se apagó apenas fue examinada. El escrutinio coincidió en 99,997 por ciento con el preconteo, y el Procurador certificó que no existía fraude alguno. Pero para entonces la duda ya no necesitaba pruebas; se pretendía implantar, alimentada por su propia repetición.
El Consejo Nacional Electoral declaró la elección el 24 de junio y entregó las credenciales al día siguiente, un acto que cierra el proceso y que nadie, ni siquiera el presidente en ejercicio, puede reabrir por decreto de opinión.
Sin embargo, con la credencial ya firmada, el desconocimiento continuó. Se convocan marchas para el 20 de julio, con la transición ya en marcha. El Presidente electo, con razón, suspendió el ejercicio de estar sentados en empalme con un gobierno saliente dedicado a generar manto de dudas, mientras Cepeda, plantea una desobediencia civil.
Además, el Pacto Histórico, respaldado por el propio Petro, acudió a la vía de instaurar una acción que ya el Consejo de Estado cerró también, y con ella se cerró el último argumento disponible. El alto tribunal rechazó la demanda al considerar que no había hechos verificables, solo valoraciones políticas e hipótesis sin sustento. La demanda se apoyaba en la doble nacionalidad del Presidente electo, que la propia Constitución permite, y un centenar de mesas en el exterior señaladas de irregulares sin probarse una sola inconsistencia. Entonces, el tribunal terminó por decirlo con la autoridad de una sentencia.
Mientras la justicia cerraba esa puerta, un grupo de universidades, reunidas en la iniciativa cuidar la democracia, recordaron que la democracia exige el acatamiento incondicional de las reglas que hacen posible la convivencia entre las naciones, y que esa obligación no admite excepciones, gane quien gane. También quince expresidentes de América Latina y España dijeron algo parecido desde otro lugar.
Todas esas expresiones, más las de ciudadanos, académicos y constitucionalistas, rodean y respaldan nuestro Estado de Derecho. Aquí no hay incertidumbre jurídica, porque nunca la hubo; lo que hay es una derrota que les cuesta aceptar.
Una democracia no solo se mide desde el triunfo, sino por lo que ocurre cuando toca perder y entregar el poder de todas formas. Ese principio, y no ningún cálculo personal, es el que sostiene el orden institucional y democrático. Pero empieza a torcerse todo cuando alguien confunde su propio destino con el de la nación. Se atrinchera y termina por no soltar, así ya todos los árbitros institucionales hayan hablado.
La democracia sigue siendo sagrada y el ciudadano sigue siendo soberano, y con eso, hoy como al principio, no se apuesta; menos aun cuando ya todos, menos dos, entendieron que la apuesta estaba perdida desde el 21 de junio.
*Exdirectora del ICBF
