En rueda de prensa en Nueva York, luego de presidir el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas, el presidente de la república, Gustavo Petro, se refirió a la decisión de la representante Gloria Arizabaleta de suspenderlo de su cargo por participación en política.
El mandatario insistió en que nunca ha participado en política y que no es una representante la que lo puede suspender de su cargo, sino la plenaria del Senado de la República.
Pero fue más allá y acusó a la congresista, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, de extorsionar al gobierno, pues le habría hecho una serie de exigencias a sus ministros que, según él, no aceptaron.
“Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar a pesar de que hace parte de mi partido, no soy así. Quiero que mis ministros confiesen bajo juramento ante la Corte qué pedía para convencer al Congreso”, dijo desde la ONU.
Aunque no se refirió a que peticiones habría hecho Arizabaleta a su gobierno, Petro insistió a sus ministros para que se dirijan ante la Corte Suprema de Justicia para denunciar esta extorsión de la que señala es víctima.
“Le voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones que las hagan evidente. No estoy en contra de que congresistas se puedan hacer peticiones ante el ejecutivo sobre sus regiones, pero cuando la vuelve una extorsión ya no está en su derecho de representación, sino como criminal”, sostuvo.
Y agregó que la congresista «tiene un asesor Ibáñez, que es un abogado que pertenece a las huestes contrarias. Estábamos bajo una extorsión por parte del Congreso de la República».
El mandatario se refería a Hollman Ibáñez, quien, según reveló este miércoles el periodista Daniel Coronell, fue socio de Abelardo de la Espriella y conjuez en el Consejo Nacional Electoral cuando ese organismo impidió a Iván Cepeda participar en la consulta de marzo.
En su intercambio de mensajes ante la prensa internacional aseguró estar tranquilo ante una presunta suspensión, defendiendo su derecho a expresarse y a proteger su buen nombre como un derecho fundamental consagrado en la Constitución.
/Colprensa
