A la controversia que siempre ha generado la Comisión de Acusación se sumó hoy una situación más, el intento de suspensión al principal aforado del país, el presidente de la República, Gustavo Petro, lo que llevó la malograda fama que arrastra esa institución del Congreso a un nivel superior cargado de duda e interrogantes.
El revuelo político-jurídico vino de manos de quien fuera una de las aliadas del Presidente y quien hasta hace cuatro años estaba en el grupo de congresistas del petrismo, la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, quien sorprendió al país con un auto, que emitió de manera autónoma por ser la investigadora y presidente de la Comisión de Acusación, en los casos que se han presentado a la misma por la presunta participación indebida en política de Petro, por lo que ella consideró que debía suspenderlo hasta las 4 de la tarde del domingo 21 de junio, para impedirle que hiciera política en pelan campaña desde su condición de mandatario de los colombianos.
De inmediato el ya controvertido auto empezó a suscitar una álgida controversia tanto en lo político como en lo jurídico, esto porque el mismo violó lo ordenado en la Constitución Política en lo referente a la investigación para quien sea presidente de la República, pese a que la congresista soportó inicialmente su decisión en que la suspensión se refería a un asunto disciplinar y no penal, por lo que cual se fundamentaba en la Ley 1952 de 2019, sobre las sanciones disciplinarias.
Ante el entuerto jurídico-político, Arizabaleta, quien fue blanco de sendos cuestionamientos y acusaciones de que su decisión era por un fundamento político, tuvo que reversar la decisión y en un nuevo auto señalar que la suspensión no podía ser impuesta por ella por más investigadora y presidenta de la Comisión, sino que la misma debe ir a la discusión de los 18 representantes de esa célula legislativa, como también a que el senador Lidio García, en su calidad de presidente del Congreso, era la última palabra para decir si ese auto tendría efecto legal e inmediato como ella lo pretendía.
El controversial auto llevó a que por primera vez en esta competencia presidencial las dos campañas se identificaran al decir que el mismo sólo tenía fines políticos; por un lado la oposición en cabeza de Abelardo de la Espriella dijo que se trató de un «autoatentado legislativo» de Petro, para abandonar el cargo y salir en apoyo a su candidato presidencial, Iván Cepeda.
Desde las filas del oficialismo, el auto se consideró como una forma de querer enturbiar la labor del mandatario nacional, por lo que calificaron el mismo como inconstitucional. Incluso en esas horas a la controvertida representante le interpusieron una denuncia por prevaricato en la Corte Suprema de Justicia, dado el alcance de ese supuesto acto disciplinar de retirar de forma temporal al mandatario por participación en política.
Pero las situaciones en su contra por su controvertida decisión no pararon ahí. El principal implicado, el presidente Petro, sostuvo que ella intentó extorsionar a su gobierno y pidió una investigación penal.
Desde Nueva York, Petro aseguró que la representante “ha pedido cosas que yo no he querido dar a pesar de que hace parte de mi partido, no soy así. Quiero que mis ministros confiesen bajo juramento ante la Corte qué pedía para convencer al Congreso”, e insistió que “le voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones que las hagan evidente. No estoy en contra de que congresistas se puedan hacer peticiones ante el ejecutivo sobre sus regiones, pero cuando la vuelve una extorsión ya no está en su derecho de representación, sino como criminal”.
Petro además abrió otra arista de la discusión, que el famoso auto en su contra pudo venir orquestado de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, para conseguir un rédito político.
«Tiene un asesor (Holman) Ibáñez, que es un abogado que pertenece a las huestes contrarias. Estábamos bajo una extorsión por parte del Congreso de la República», aseguró.
Aunque las razones reales de la expedición de ese fallo aún no se tienen claras, por ahora lo que sí se sabe es que el mismo salió en medio de la recta final de la campaña presidencial y un día después de que un magistrado ordenara a Abelardo de la Espriella, que no siguiera usando la bandera del país, como tampoco su frase de campaña que usa desde hace cerca de un año que es “firmes por la Patria”.
El hecho se sumó a la tutela de hace una semana que también le prohibió usar la camiseta de la Selección Colombia en sus actos proselitistas.
Para Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional, ese auto se conoció luego de que ese nuevo fallo de los signos patrios se conoció, por lo que se entiende que el mismo es una decisión más política que jurídica.
/Colprensa.
