La Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a exigirles a los grupos armados que dejen de reclutar niños y que liberen a los menores que tienen en sus filas. El reclamo llegó tras la muerte de 11 niñas y niños en el Guaviare, todos reclutados, según el organismo que no es la primera vez que lo dice: es un llamado que la ONU repite cada vez que el conflicto se cobra la vida de un menor.
El dato que motivó el pronunciamiento lo entregó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La entidad confirmó que entre los muertos había 11 menores: tres niñas y ocho niños. Reservó sus nombres para proteger sus derechos.
Los menores murieron en medio de la peor confrontación reciente entre las disidencias de las antiguas Farc. El 27 de mayo, en la vereda Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare, chocaron las facciones de alias «Iván Mordisco» y alias «Calarcá» por el control del narcotráfico. El enfrentamiento dejó 48 muertos.
Detrás de esos alias hay dos jefes que fueron aliados y hoy se matan entre sí. «Iván Mordisco» es Néstor Gregorio Vera, comandante del Estado Mayor Central (EMC) y el hombre más buscado del país. «Calarcá» es Alexander Díaz Mendoza, que rompió con esa estructura en 2024.
En su mensaje, ONU Derechos Humanos fue directa con los responsables. Les pidió a los grupos armados parar de inmediato el reclutamiento y la utilización de niños, y liberar a todos los menores de 18 años que estén en sus filas.
La oficina también le pasó la cuenta al Estado. Le reclamó fortalecer la prevención para que los niños no queden expuestos al conflicto, y garantizar el restablecimiento de sus derechos con enfoques de género, étnicos y territoriales.
En noviembre de 2025, la misma oficina expresó su «profunda preocupación» por la muerte de siete menores reclutados en un bombardeo del Ejército, también en el Guaviare.
La ONU recordó, además, que el Comité de los Derechos del Niño ya había prendido las alarmas. Ese organismo de expertos vigila que los países cumplan la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Comité adoptó en enero de 2026 sus observaciones sobre Colombia. Allí advirtió por el aumento del reclutamiento por parte de grupos armados, su impacto desproporcionado en la niñez indígena y afro, y los bombardeos que han matado a menores reclutados.
Mientras los llamados se acumulan, la respuesta estatal se quedó corta de recursos. La Contraloría General de la República advirtió en mayo que el presupuesto de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna) cayó un 83,8 %. Pasó de $12.891 millones en 2019-2023 a apenas $1.810 millones para 2024-2026.
El organismo de control fue más allá y cuestionó que ni siquiera se gastó todo lo que había. De los $12.891 millones asignados en el ciclo anterior, la comisión solo ejecutó $9.216 millones.
El reclutamiento, de fondo, no es un hecho aislado. La Defensoría del Pueblo registró 386 casos en 2025 y le atribuyó el 42% a las disidencias de «Mordisco». Más de la mitad de las víctimas fueron niños de comunidades indígenas.
El origen de los menores caídos apunta lejos del Guaviare. Según fuentes locales citadas por El Tiempo, las disidencias estarían trasladando jóvenes reclutados en el Cauca y el suroccidente hasta esa región para sumarlos a su brazo armado.
Por ahora, los hechos del 27 de mayo siguen sin esclarecerse del todo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que podrían constituir crímenes de guerra, lo que abre la puerta a una investigación que tendrá que decir quién responde por la vida de los 11 niños.
