El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó la muerte de 11 menores de edad en los combates entre las disidencias de alias «Iván Mordisco» y alias «Calarcá» en Guaviare. El jefe del Ministerio Público le exigió al Gobierno asumir, sin excusas, la protección de los niños que estos grupos armados siguen usando como parapeto de su guerra.
El pronunciamiento llegó después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmara que 11 de los 48 muertos eran menores. Se trata de ocho niños y tres niñas, según el balance entregado. La entidad reservó sus nombres para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Los enfrentamientos ocurrieron el 27 de mayo en la vereda Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare. Allí chocaron dos facciones disidentes de las antiguas Farc, enfrentadas a sangre y fuego por el control del narcotráfico y las rutas ilegales en la región.
Detrás de esos alias hay dos jefes que fueron aliados y hoy son enemigos. «Iván Mordisco» es Néstor Gregorio Vera, comandante del Estado Mayor Central (EMC) y el hombre más buscado del país. «Calarcá» es Alexander Díaz Mendoza, quien rompió con esa estructura en 2024 y quedó al frente del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).
El trabajo forense permitió ponerle rostro a la tragedia. De los 48 cuerpos recuperados, Medicina Legal identificó a 43, entre ellos 39 hombres y nueve mujeres, además de los 11 menores. Los cinco cadáveres que faltan por identificar son todos de hombres.
Reclutamiento, el trasfondo
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo que varios de los menores muertos eran presuntas víctimas de reclutamiento forzado. El funcionario advirtió que los hechos podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El reclutamiento de menores no es un hecho aislado en el conflicto colombiano. En 2025 la Defensoría del Pueblo registró 386 casos en el país y atribuyó el 42% a las disidencias de «Mordisco». Más de la mitad de las víctimas fueron niños y niñas de comunidades indígenas.
El origen de los menores caídos también apunta lejos del Guaviare. Según fuentes locales citadas por El Tiempo, las disidencias estarían llevando jóvenes reclutados en el Cauca y otras zonas del suroccidente hasta esa región, donde los suman a su brazo armado para disputar un territorio estratégico.
Frente a esto, Eljach endureció el tono. Para el Procurador, lo ocurrido fue una grave violación al Derecho Internacional Humanitario que no admite amnistía, y por eso pidió perseguir a los responsables y someterlos a la justicia con la mayor severidad.
«Las niñas, niños y adolescentes no les pertenecen a la guerra», afirmó Eljach en su comunicado. El procurador insistió en que el Estado debe imponerse sobre los grupos armados y en que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad.
Una comisión con la caja casi vacía
Semanas antes de la masacre, el propio Estado ya había encendido las alarmas. A mediados de mayo, la Contraloría General de la República reunió en un foro a entidades de control para revisar la inversión contra el reclutamiento de menores. Allí el contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que el país recortó los recursos destinados a prevenirlo.
El tijeretazo golpeó a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna), la entidad encargada de coordinar esa tarea. Según la Contraloría, su presupuesto cayó un 83,8% y pasó de $12.891 millones en el periodo 2019-2023 a apenas $1.810 millones para 2024-2026.
El organismo de control fue más allá y cuestionó que ni siquiera se gastó todo lo que había. De los $12.891 millones asignados en el ciclo anterior, la comisión solo ejecutó $9.216 millones.
La Procuraduría no era ajena a esa discusión. En esos mismos escenarios, el Ministerio Público alertó que el reclutamiento no cede, sino que muta hacia modalidades como el enganche digital y los falsos «enamoramientos». Citó cifras de la Unidad para las Víctimas: 11.830 menores vinculados a actividades de grupos armados con corte a abril de 2026.
/Colprensa.
