A dos días de que los colombianos elijan presidente este domingo, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revisó los planes de gobierno de las 11 campañas que llegan a la primera vuelta y encontró un patrón que se repite. Frente al narcotráfico, casi todas proponen lo mismo de siempre: erradicar, fumigar e incautar.
El diagnóstico de fondo no es menor. Según la FIP, el narcotráfico será uno de los principales desafíos del próximo gobierno, y la mayoría de las campañas reconoce que es un problema que va más allá de lo criminal y toca lo territorial, lo económico, lo ambiental y lo institucional. El reparo de la fundación es que las propuestas para enfrentarlo se quedaron atrás.
Para la FIP, buena parte de los planes parte de una visión estática y desactualizada del fenómeno, que no entiende cómo cambió el negocio en los últimos años. Ese desfase, dice el análisis, es el que explica por qué las fórmulas que se proponen difícilmente van a funcionar.
La revisión muestra que el narcotráfico ocupa un lugar prioritario en cinco de los 11 planes, casi siempre mirado desde la seguridad. En dos campañas aparece como un tema transversal, mezclado con el desarrollo y el fortalecimiento institucional. En las cuatro restantes, la política de drogas casi no se menciona.
La fundación también notó que casi todas las campañas redujeron el tema al narcotráfico y los cultivos ilícitos. Quedaron por fuera asuntos como el consumo de sustancias, la regulación de la hoja de coca o del cannabis para uso adulto, y el microtráfico en las ciudades.
Las cuentas lo dejan claro. El consumo y la regulación de la coca para usos lícitos aparecen en una sola candidatura, la regulación del cannabis para adultos en dos, y el microtráfico en ninguna.
*Listas de actividades, no estrategias*
El reparo central de la FIP es que las propuestas rara vez vienen con metas. En la mayoría de los planes, dice el análisis, las medidas aparecen como un listado de actividades —controlar precursores químicos, fumigar con bioherbicidas, fortalecer incautaciones— sin explicar qué se busca lograr ni cómo.
Frases como «hacer que la legalidad sea más rentable que el crimen» o «implementar una política antidrogas eficaz» terminan siendo, para la fundación, enunciados aspiracionales. Suenan bien, pero no dicen por qué camino se llegaría a esos resultados.
Casi ningún plan, según la FIP, plantea una estrategia para intervenir toda la cadena del negocio. La discusión se concentra en el cultivo y la producción, y deja de lado el procesamiento, las redes logísticas, el tráfico internacional y las finanzas criminales.
A esto se suma un problema de recursos. Varias propuestas implican más pie de fuerza, más presencia del Estado, desarrollo rural, infraestructura y el regreso de la aspersión aérea, todo al mismo tiempo. Pero pocas dicen de dónde saldrá la plata.
El análisis recuerda que el país llega a esa discusión con el presupuesto apretado, alto endeudamiento y poco margen fiscal. En ese escenario, advierte la FIP, prometer todo a la vez sin priorizar es poco realista.
Buena parte de las propuestas, dice la fundación, parece asumir que la sola voluntad política basta para cambiar las condiciones de los territorios. Falta una discusión seria sobre capacidades del Estado, secuencias de implementación y sostenibilidad de largo plazo.
*¿Y lo que ya existe?*
La FIP echa de menos claridad sobre el futuro de los compromisos que el Estado ya firmó. El principal es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pactado en el Acuerdo de Paz de 2016, que casi 10 años después sigue sin completarse.
El otro es RenHacemos, el programa de sustitución que impulsó el gobierno de Gustavo Petro en el último tramo de su mandato. Reemplazó al PNIS y, según el Gobierno, vinculó a más de 30.000 familias en siete departamentos, con la meta de erradicar de forma voluntaria 30.000 hectáreas antes de entregar el poder el próximo 7 de agosto.
El futuro de ese programa depende de quién gane. En campaña reaparecieron la erradicación forzada y el regreso del glifosato, dos apuestas que van en sentido contrario al modelo voluntario que el Gobierno deja contratado.
Varias candidaturas proponen nuevas estrategias de sustitución, pero pocas explican cómo las articularían con esos programas ni con las comunidades que ya firmaron acuerdos. Esa ambigüedad, dice la FIP, alimenta la desconfianza que el campo le tiene al Estado por los incumplimientos del pasado.
El análisis ubica todo esto en un patrón viejo. Desde los años noventa, dice la FIP, Colombia confunde los resultados operativos con las metas estratégicas, en una lógica que la fundación compara con un ratón girando en la rueda de su jaula.
Mes a mes se exaltan y premian hectáreas erradicadas, toneladas incautadas o laboratorios destruidos, aunque no haya evidencia de que se cultive menos coca o se produzca menos cocaína. Esos indicadores muestran actividad inmediata, pero no necesariamente impacto.
Las cifras que cita la fundación lo ilustran. Entre 1999 y 2023, Colombia erradicó manualmente cerca de un millón de hectáreas de coca, fumigó casi 1,8 millones con glifosato e incautó más de 8.500 toneladas de cocaína. Y aun así, los cultivos siguen ahí.
*Lo que falta por ver*
No todo es negativo, según la FIP. La mayoría de las campañas conectó el narcotráfico con otras agendas —desarrollo rural, protección ambiental, gobernabilidad territorial y cooperación internacional— y dejó de tratarlo solo como un asunto de seguridad.
Varias candidaturas, además, reconocieron que ninguna estrategia se sostiene si no se intervienen las condiciones territoriales, económicas y criminales que dejaron crecer estas economías. Para la fundación, ese es un punto de partida valioso, aunque insuficiente.
La pregunta queda abierta para después del 31 de mayo. El próximo gobierno recibirá un país que Estados Unidos volvió a descertificar en la lucha antidrogas y que sigue siendo el mayor productor de coca del mundo. Si las fórmulas no cambian, advierte la FIP, el riesgo es seguir gastando en políticas de resultados limitados mientras las economías ilegales se afianzan en los territorios.
- COLPRENSA
