La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), junto con otros seis gremios que representan al comercio exterior y a la cadena logística del país, remitió a las Presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes una solicitud conjunta para priorizar en la agenda legislativa el trámite del Proyecto de Ley que busca implementar un nuevo Régimen Sancionatorio y de Decomiso de Mercancías en Materia Aduanera.
La comunicación, suscrita el 27 de mayo de 2026 por Analdex, Alaico, Asonav, Cladec, Fenalco, Fitac e ICDT, agrupa a exportadores, agencias de aduanas, agentes de carga, operadores logísticos, transportadores, zonas francas, comerciantes y a la academia tributaria y aduanera.
Las organizaciones indicaron que la fecha límite para que el país cuente con un nuevo régimen sancionatorio aduanero expedido por ley es el 20 de junio de 2026; aunque el 19 de mayo de 2026, las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara aprobaron el proyecto en primer debate por unanimidad, el segundo debate en las plenarias de ambas corporaciones no ha sido citado.
“Estamos ante una verdadera carrera contra el tiempo. Si el Congreso no acelera este trámite, las consecuencias jurídicas y fiscales para el país serían muy graves”, afirmó Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.
Ante esto los gremios solicitaron que el proyecto sea incorporado en el orden del día de la plenaria correspondiente a más tardar el 2 de junio de 2026, como segundo punto, de manera que pueda surtir oportunamente su trámite.
CONSECUENCIAS DE NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS
El gremio de comercio al exterior aseguró que la ausencia de un nuevo dirigen ocasiona la podría en riesgo casi $7 billones debido al archivo de 8.250 procesos en investigación de fiscalización, por cuantía de $3,25 billones, 148 procesos en discusión administrativa, por $1,07 billones, y 2.453 procesos judiciales aduaneros, por $2,74 billones.
En total, cerca de $7,07 billones perderían su sustento jurídico. A ello se sumaría la imposibilidad operativa de adelantar aprehensiones, decomisos y liquidación de sanciones.
“El país no puede entrar en un vacío sancionatorio mientras el contrabando mueve cerca de $31 billones al año en Colombia”, agregó Díaz Molina.
- colprensa
