Que en los últimos cinco años hayan tenido que cerrar sus puertas 760 colegios privados en el país, requiere de un análisis bastante detenido, no solo por las diferentes causas que han propiciado el problema, sino por la forma en que se puede evitar esa avalancha, que limita las posibilidades para estudiar a muchos sectores de la población.
Entendemos que la tasa de natalidad pesa: al nacer menos niños, el número de matriculados tiene que bajar; pero no es la única; existen otras como el factor de la deserción de estudiantes provocado por múltiples casos y que afecta al 3,93% de los alumnos de colegios oficiales y al 2,89% en los privados, para un promedio nacional de 3,9%; también la disminución de matrículas, las dificultades económicas de las familias en un país que registra al 55% de los trabajadores ocupados en la informalidad, y con un desempleo que llega al 8,8%, y lo que ahora se suma representado en el problema de la salud mental en donde se estima que uno de cada siete adolescentes sufre algún trauma mental diagnosticable.
Pero a la cifra de establecimientos educativos cerrados, se le suma otra igualmente preocupante, que el 20% de los colegios privados opera con el 50% de su capacidad, y el 98% registra algún grado de disminución, lo que indica una infraestructura subutilizada que representa una gran inversión, situación que ha llevado a los colegios a explorar otras alternativas de recursos, como arrendamiento de instalaciones para otros fines o el diseño de eventos que signifiquen ingresos asicionales.
El primero de los factores, la natalidad, es inevitable; pero los otros sí se pueden evitar y corresponde a las autoridades trabajar con profesionalismo y dedicación para resguardar a la población en edad escolar, para que esté en capacidad de completar sus ciclos y para recibir el conocimiento necesario para que los haga útiles a la sociedad.
Y debemos detenernos en la presencia de afectaciones sicológicas y siquiátricas, pues la sociedad de hoy está amenazada por grandes peligros que presenta el entorno de los estudiantes, que terminan perturbándolos y alejándolos de los programas de capacitación, convirtiéndose de paso, en un grave problema para las respectivas familias. Situaciones como un cuadro familiar inapropiado, el bullying escolar, la falta de nutrición, la presencia de drogas, el abuso de los instrumentos tecnológicos y redes sociales, la imposibilidad de acceso a herramientas de aprendizaje y muchas más, nos llevan a pensar en que se requiere con urgencia una presencia del Estado más activa, que permita identificar problemas, diseñar correctivos y establecer programas que faciliten las condiciones para que los estudiantes puedan asistir a las aulas y asimilar el conocimiento en forma debida.
*Abogado
