La situación de seguridad en el Cauca y el Valle del Cauca se ha consolidado como el examen más difícil para la política de seguridad nacional. A diferencia de otras épocas, donde el conflicto se entendía como lucha ideológica, lo que precisamos hoy es una guerra de posiciones por el control de economías ilícitas y corredores estratégicos que conectan la cordillera con el Pacífico.
El Valle y el Cauca no son escenarios aislados, funcionan como una unidad geográfica donde el control del cañón del Micay y el Naya es el premio mayor. Hoy, la fragmentación de los grupos armados (disidencias y estructuras ligadas al narcotráfico) ha generado un escenario de “todos contra todos” que atrapa la población civil, y el uso de tecnología bélica como drones con explosivos, ha transformado el combate rural obligando a las Fuerzas Militares a tácticas constantes que no siempre llega a tiempo para proteger los líderes sociales.
A pocos días de la elección presidencial de mayo, la seguridad en estos departamentos es la mayor preocupación de la Registraduría y la Defensoría del Pueblo, pues la violencia no solo busca el control territorial, sino la coacción del voto, en municipios como Jamundí, Argelia o el Plateado, donde la democracia se ejerce bajo la sombra de los fusiles. Esto crea una “Colombia de dos horizontes” una que debate en redes sociales y plazas capitalinas, y otra, que debe pedir permiso a los actores armados para movilizarse hacia las urnas.
Más allá de los homicidios, el drama real es el confinamiento y el desplazamiento invisible. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas enfrentan restricciones de movilidad que destruyen las economías locales; el Valle del Cauca, a pesar de su potencia industrial, ve cómo su zona rural alta se vuelve impenetrable, afectando el suministro de alimentos y la seguridad de las vías principales como la Panamericana, que sigue siendo el termómetro de la gobernabilidad en el sur del país.
El despliegue de brigadas especiales y la inversión social han sido las banderas del gobierno saliente, pero la realidad en el terreno sugiere que el control militar sin una presencia institucional integral (justicia, salud, educación) es una solución fragmentaria y temporal. Esta columna se cuestiona si el próximo gobierno mantendrá el enfoque de negociación o si volverá a la ofensiva militar, una decisión que marcará el destino de millones de Vallecaucanos.
En conclusión, el suroccidente colombiano es hoy el espejo de las deudas históricas del país, lo que suceda en el Cauca y el Valle del Cauca en este cierre de mayo no solo definirá quien gana las elecciones, sino revelara si el próximo presidente recibirá un país en camino a la reconciliación o una nación con territorios que operan bajo sus propias leyes de sangre y fuego.
*Exdirector de la Policía Nacional
