Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman indicó que la decisión judicial marca una victoria para los campesinos y resaltó que la orden de implementación ya no depende de los tiempos del parlamento.
El presidente de la República, Gustavo Petro, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, emitieron declaraciones frente a la reciente orden de la Corte Constitucional que obliga al Consejo Superior de la Judicatura a crear los juzgados rurales en 2027. Esto en coincidencia con el apremio que expresa el Ejecutivo para que el congreso reglamente los procedimientos que destraben los procesos sobre la tenencia de la tierra en el país.
El mandatario utilizó su cuenta en la red social X para reaccionar a la Sentencia C-099 del 22 de abril de 2026. «Debo agradecer a la Corte Constitucional por su fallo sobre la jurisdicción agraria que termina haciendo lo que un congreso ya vetusto y con congresistas extorsionistas no quiso hacer», escribió el jefe de Estado.
Según Petro se trata de «un destello de las anteriores cortes constitucionales que sabían proteger los derechos de la gente humilde y trabajadora antes que la codicia de los poderosos», y concluyó su mensaje señalando que «ojalá ese destello permaneciera».
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras indicó que la decisión judicial marca una victoria para los campesinos y resaltó que la orden de implementación ya no depende de los tiempos del parlamento.
«Con o sin Congreso, la Corte Constitucional ordena crear juzgados agrarios en 2027», afirmó Harman.
El funcionario explicó que existen múltiples demandas radicadas entre 2023 y 2025 sobre miles de hectáreas que permanecen paralizadas por falta de jueces técnicos en la materia, y señaló que «los campesinos no pueden seguir esperando décadas para que la justicia los escuche y les reconozca sus derechos».
A su turno, la ministra de Agricultura enfocó su pronunciamiento en el exhorto emitido por el tribunal hacia el poder legislativo, recordando que la creación de estos despachos obedece al cumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Carvajalino advirtió que «restan pocas sesiones legislativas para aprobar la norma que definirá las competencias y procedimientos de estos despachos judiciales», e instó a los parlamentarios a agilizar el trámite de la ley ordinaria requerida para consolidar la arquitectura de la jurisdicción antes del 20 de junio.
LA ESTRUCTURA DE NUEVOS DESPACHOS
La Jurisdicción Agraria y Rural quedó establecida tras la firma de la Ley Estatutaria 2570 de 2026 en Cereté, Córdoba, estructurando un sistema con Juzgados Agrarios instalados en los municipios y Tribunales Agrarios regionales integrados por al menos tres magistrados.
El nuevo sistema contará con jueces dedicados únicamente a solucionar problemas sobre el uso de la tierra, los contratos de aparcería o arriendos, los desalojos por ocupaciones de fincas, el uso de recursos compartidos por la comunidad y las servidumbres o caminos de paso. Los despachos también tramitarán reclamos sobre la posesión de fincas privadas y revisarán las decisiones sobre predios que tome la ANT.
Esa estructura judicial tendrá como máximas autoridades a la Corte Suprema de Justicia para los pleitos entre ciudadanos y al Consejo de Estado cuando los problemas involucren a entidades públicas.
El Ministerio de Justicia y del Derecho explicó mediante un documento que la normatividad busca «garantizar que campesinos, mujeres rurales, pueblos indígenas, comunidades negras y pequeños productores tengan la posibilidad de resolver sus conflictos con un sistema judicial especializado, accesible y justo».
La ley ordenó que la Defensoría del Pueblo contrate a facilitadores agrarios. Estos funcionarios tendrán la obligación de dar orientación legal, sin cobrar dinero, a los pobladores más pobres que necesiten usar la justicia.
Además, los jueces trabajarán junto a Centros de Servicios Judiciales integrados por profesionales de diferentes áreas que les ayudarán a entender las realidades de cada cultura y de cada región.
Los procesos judiciales se realizarán de forma hablada para facilitar la comprensión de los campesinos. Las normas exigen que los jueces viajen hasta los lugares donde ocurren los conflictos para recoger pruebas y ordenan que cualquier persona sin dinero reciba la ayuda gratuita de un abogado durante todo el proceso.
Para elegir a los funcionarios, el Consejo Superior de la Judicatura organizará un concurso administrado por una universidad. Las pruebas evaluarán el conocimiento en leyes agrarias y ambientales. Mientras se realiza el concurso, los puestos de jueces podrán ser ocupados de forma temporal./Colprensa
