La Fiscalía General de la Nación acusa este miércoles, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Un esquema con el que, según el ente acusador, se comprometieron 612.000 millones de pesos del erario público para comprar votos de congresistas y destrabar proyectos del gobierno del presidente, Gustavo Petro, como las reformas pensional y de salud, además de operaciones de crédito internacional.
La audiencia inició a las 8:15 de la mañana, de manera virtual, ante el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, ponente del caso, con la participación de la magistrada Blanca Nélida Barreto, también de la Sala de Primera Instancia. La acusación fue presentada por el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Fernando Sandoval Vargas.
Bonilla y Velasco deberán responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación incluyó también presuntos hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Vías (Invías).
LA DISCUSIÓN POR LAS VÍCTIMAS
La UNGRD, el Invías y la Contraloría General de la República solicitaron ser acreditadas como víctimas dentro del proceso. Los representantes de las entidades públicas y del organismo de control coincidieron en sostener que esas instituciones fueron «instrumentalizadas» por los exministros al cometer los delitos imputados.
Los abogados Alejandro Carranza y Rosa Elena Suárez, defensores de Bonilla y Velasco, respectivamente, se opusieron al reconocimiento de esas entidades como víctimas. Carranza argumentó que el exjefe de la cartera de Hacienda no tuvo conocimiento de los efectos de su presunta actuación sobre los recursos de la UNGRD y que hay «cabos sin atar» sobre personas que la Contraloría debía vigilar.
Suárez, por su parte, sostuvo que los representantes de la UNGRD y del Invías acudieron a «un relato impreciso» sobre los hechos investigados y que no tienen pruebas suficientes para argumentar las razones por las cuales deberían ser reconocidos como víctimas, más allá de lo consignado por la Fiscalía en su acusación, en la que se detalla cómo se habrían comprometido 612.000 millones de pesos en sobornos y coimas al Congreso.
Bonilla intervino para negar cualquier vínculo con la disposición de recursos de la UNGRD o del Invías. «Yo no soy, como ministro de Hacienda, ordenador del gasto de ninguna entidad diferente al Ministerio de Hacienda», dijo el exfuncionario.
Velasco, por su lado, le reclamó a Jorge Ernesto Candanoza, representante de la Contraloría, «un mínimo esfuerzo» por reflexionar sobre los contratos endilgados y le pidió no caer «en el juego narrativo de la Fiscalía».
EL ESQUEMA QUE DESCRIBIÓ LA FISCALÍA
En un escrito de 287 páginas, la Fiscalía estableció que entre mayo de 2023 y mediados de febrero de 2024 —período en que ambos funcionarios encabezaron sus carteras— Velasco y Bonilla se concertaron entre sí y con otras personas para cometer delitos contra la administración pública.
El mecanismo, según el ente acusador, consistió en pactar con congresistas el direccionamiento de proyectos, contratos o convenios en el Invías y en la UNGRD, a cambio de su voto en las comisiones legislativas a las que pertenecían.
A ese esquema se vincularon Olmedo López, entonces director de la Ungrd, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de esa entidad, encargados, según la acusación, de destinar y presupuestar los proyectos de obra de emergencia a favor de los parlamentarios involucrados.
La Fiscalía contabilizó 74 proyectos en el Invías por 571.701 millones de pesos y cinco en la UNGRD por 40.536 millones de pesos, para un acumulado de 612.237 millones de pesos. De ese monto, el ente acusador precisó que solo siete proyectos habrían sido concertados directamente.
La acusación describió una «división de trabajo preacordada» en la que cada integrante de la red cumplía una función específica. Sobre Velasco y Bonilla, el documento señaló que «impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dieron órdenes, coordinaron reuniones y supervisaron las gestiones ilícitas necesarias al interior del Invías y la Ungrd para cumplir los compromisos adquiridos con los congresistas».
Uno de los episodios documentados ocurrió en junio de 2023, cuando Velasco habría ordenado a Olmedo López presentarse ante la Comisión Séptima del Senado para acordar contratos con parlamentarios y ampliar mayorías en el trámite de la reforma pensional. Otro fue la reunión del 18 de septiembre de 2023, en la Casa La Giralda, dependencia del Ministerio del Interior, en la que, según la acusación, «Velasco hizo alusión a las elecciones regionales previstas para octubre, al panorama para el Gobierno en esos comicios y a la necesidad de asegurar el respaldo político de los congresistas mediante el ofrecimiento de beneficios indebidos».
EL ANTECEDENTE PROCESAL
Velasco continúa privado de la libertad en el complejo policial donde fue recluido tras la decisión de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, que en diciembre de 2025 le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y rechazó concederle detención domiciliaria.
Bonilla, en cambio, llegó a la audiencia de este miércoles en libertad. El mismo 7 de abril de 2026 en que la Fiscalía radicó la acusación ante la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su excarcelación por vencimiento de términos. La decisión fue adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, quien concluyó que habían transcurrido más de 120 días desde la imputación, realizada el 1 de diciembre de 2025, sin que la Fiscalía presentara oportunamente el escrito de acusación. La medida de aseguramiento sigue vigente, pero el exministro continúa vinculado al proceso fuera de prisión.
En paralelo a la audiencia de acusación ante la Corte Suprema, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá reprogramó para el jueves 30 de abril a las 9:00 de la mañana la diligencia en la que resolverá los recursos de apelación presentados por las defensas de Bonilla y Velasco contra la medida de aseguramiento impuesta el 18 de diciembre de 2025.
La audiencia estaba prevista inicialmente para este miércoles 29 de abril, pero fue trasladada un día después de una solicitud de aplazamiento radicada por la defensa de Velasco. La decisión fue adoptada por la magistrada ponente Alma Gertrudis Chamat Lozano, cuya sala integran también los magistrados Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio Bernal, quienes deberán resolver si revocan la medida y permiten a los exministros enfrentar el juicio en libertad o, de manera subsidiaria, conceden la detención domiciliaria solicitada por sus abogados.
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/Colprensa.
