En muchas regiones del país los usurios no soportan el costo de las facturas y optan por las vías de hecho.
La Superintendencia de Servicios Públicos encontró que «la intermediación en la compra y venta de energía de los comerrcializadores puros en el mercado atendido por ellos representó un sobrecosto promedio cercano a los $59,58 por hora en la tarifa final a los usuarios».
En su seguimiento al complejo mercado de la energía en Colombia, la superintendencia concluyó que «los resultados evidencian una creciente participación de los generadores y comercializadores puros en el mercado mayorista de energía, así como una dinámica relevante de intermediación en la comercialización de energía eléctrica, acompañada de una alta concentración en los ingresos y resultados financieros dentro de un grupo reducidos de empresas».
Esto significa que unos pocos actores en uno de los eslabones de la cadena estarían generando un sobrecosto para los hogares porque aunque «la intermediación es una actividad permitida dentro del marco regulatorio vigente» esto «no puede traducirse en la formación de precios ni en los riesgos para el adecuado funcionamiento del mercado», según la superintendencia.
Si se asume que, dependiendo de la región o el clima, un hogar en Colombia consume entre 150 y 300 kilovatios de energía al mes, un sobrecosto de 60 pesos por kilovatio significaría un aumento en la factura mensual de entre 9.000 y 18.000 pesos solo por estas distorsiones en la intermediación del mercado.
La Superintendencia urgió por «medidas normativas y regulatorias para evitar que la intermediación en la comercialización de energía en el mercado mayorista genere ineficiencias en las tarifas».
CUOTA DE ENERGÍAS LIMPIAS
A su turno, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigilar que las empresas comercializadoras de energía eléctrica cumplan con la obligación de incorporar una cuota de energías limpias en su abastecimiento.
El funcionario recordó que las empresas comercializadoras de energía eléctrica deben incorporar por ley, entre 8% y el 10% de energía proveniente de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) en el abastecimiento de la demanda.
“Nosotros decidimos hacer política energética promoviendo economía limpia. Es más, construimos sobre lo construido. Desde 2019 existe una normativa vigente, el artículo 296 de la Ley 1955, desarrollada mediante las resoluciones 40715 de 2019 y 40060 de 2021, que establece de manera obligatoria la cobertura de la demanda con energías limpias, pero las empresas no lo han cumplido”, afirmó el ministro Edwin Palma, durante la entrega de una granja solar en Pivijay, Magdalena.
Palma señaló que el Gobierno está avanzando en la reactivación del cumplimiento de esta norma, que ha permanecido sin aplicación efectiva durante varios años.
Según el funcionario, esta normativa es de gran importancia para avanzar en el mejoramiento del abastecimiento de la demanda con fuentes limpias y la diversificación de la matriz energética del país.
“Hoy no hay excusa para que las comercializadoras no avancen en el cumplimiento de este porcentaje. Hemos multiplicado por 20 el ingreso de renovables, activamos programas de autogeneración, autogeneración remota, comunidades energéticas, Colombia Solar, y las subastas de contratos de energías limpias. Por eso, le solicitamos a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que exhorte y verifique el cumplimiento de esta obligación”, concluyó el ministro Palma.
