La Corte Suprema de Justicia instalará este miércole la audiencia de formulación de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla González, de Hacienda y Crédito Público, y Luis Fernando Velasco, del Interior, llamados a juicio por la Fiscalía General de la Nación al considerarlos articuladores de una «empresa criminal» que comprometió $612.237 millones en contratos de obras públicas a cambio de votos parlamentarios para sacar adelante las reformas pensional y de salud y para viabilizar operaciones de crédito público del Gobierno.
La audiencia fue convocada por Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para este miércoles 29 de abril, a las 8:15 de la mañana.
En un documento de 287 páginas, la Fiscalía estableció que entre mayo de 2023 y mediados de febrero de 2024 —período en el que ambos funcionarios encabezaron sus carteras— Velasco y Bonilla se concertaron entre sí y con otras personas para cometer delitos contra la administración pública.
El mecanismo, según el ente acusador, consistió en pactar con congresistas el direccionamiento de proyectos, contratos o convenios en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a cambio de su voto en las comisiones legislativas a las que pertenecían.
A ese esquema se vincularon Olmedo López, entonces director de la Ungrd, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de esa entidad, encargados, según la acusación, de destinar y presupuestar los proyectos de obra de emergencia a favor de los parlamentarios involucrados.
Los proyectos beneficiaron a congresistas de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de Cámara y Senado, y de la Comisión Séptima del Senado. En total, la Fiscalía contabilizó 74 proyectos en el Invías por $571.701 millones y cinco en la Ungrd por $40.536 millones, para un acumulado de $612.237 millones, de los cuales solo siete habrían sido concertados directamente.
La distribución por comisión, en los 71 proyectos gestionados a través del Invías, fue la siguiente: la Comisión Cuarta de Cámara recibió 13 proyectos en Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena, por $142.658 millones; la Comisión Cuarta de Senado, 19 proyectos en Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas, por $80.816 millones; la Comisión Tercera de Senado, 14 proyectos en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, por $155.145 millones; y la Comisión Tercera de Cámara, 25 proyectos en Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico y Arauca, por $177.380 millones.
LOS ROLES
La acusación describió una «división de trabajo preacordada» en la que cada integrante de la red cumplía una función específica. Sobre Velasco y Bonilla, el documento señaló que «impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dieron órdenes, coordinaron reuniones y supervisaron las gestiones ilícitas necesarias al interior del Invías y la Ungrd para cumplir los compromisos adquiridos con los congresistas».
Uno de los episodios documentados ocurrió en junio de 2023, cuando Velasco habría ordenado a Olmedo López presentarse ante la Comisión Séptima del Senado para acordar contratos con parlamentarios y ampliar mayorías en el trámite de la reforma pensional. En ese contexto, López debía ponerse a disposición de la senadora Martha Peralta Epieyú, quien lideraba el respaldo gubernamental a esa reforma.
Tres meses después, en el empalme de las exasesoras de Bonilla, Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, se dejó constancia de que, para mantener la gobernabilidad, era necesario direccionar proyectos regionales —denominados «cupos indicativos»— a favor de congresistas. Esos proyectos eran autorizados por el entonces ministro Bonilla y, en ese espacio, a Benavides se le entregó una tabla en Excel con la relación de proyectos en el Invías que se tramitarían a cambio de votos.
La Fiscalía también documentó la operación sobre la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Entre junio y noviembre de 2023, Bonilla presentó ante esa célula —integrada, entre otros, por Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, hoy acusados y dos de ellos presos— 17 operaciones de crédito público, que inicialmente no fueron tramitadas por falta de quórum y por el retiro de parlamentarios de las sesiones. Solo el 28 de noviembre de 2023 comenzaron a viabilizarse, con la aprobación unánime de los asistentes, una concurrencia que, según el ente acusador, «solo se logró después de convenir con los legisladores que, a cambio, se les entregaría contratación pública».
El 18 de septiembre de 2023, en la Casa La Giralda, dependencia del Ministerio del Interior, se realizó una reunión entre Velasco, Bonilla y la exasesora Benavides. En ese encuentro, según la acusación, «Velasco hizo alusión a las elecciones regionales previstas para octubre, al panorama para el Gobierno en esos comicios y a la necesidad de asegurar el respaldo político de los congresistas mediante el ofrecimiento de beneficios indebidos».
La Fiscalía sostuvo que las conductas se ejecutaron bajo circunstancias de mayor punibilidad, al comprometer recursos destinados a la gestión del riesgo y a infraestructura de transporte, es decir, a la conectividad y movilidad de los colombianos.
BONILLA, EN LIBERTAD; VELASCO, EN PRISIÓN
A diferencia de Bonilla, Velasco continúa privado de la libertad en el complejo policial donde fue recluido tras la decisión de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, que en diciembre de 2025 le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y rechazó concederle detención domiciliaria.
El mismo 7 de abril de 2026 en que la Fiscalía radicó la acusación ante la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Bonilla por vencimiento de términos. La decisión fue adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, quien concluyó que habían transcurrido más de 120 días desde la imputación, realizada el 1 de diciembre de 2025, sin que la Fiscalía presentara oportunamente el escrito de acusación. El plazo legal vencía el 31 de marzo de 2026 y el documento se radicó seis días después.
La magistrada precisó que «el punto de quiebre (…) para considerar razonablemente que la Fiscalía ha presentado el escrito de acusación es antes de que se instale la audiencia», y advirtió que «no se hizo ninguna referencia a una fuerza mayor, un caso fortuito o maniobras dilatorias de la defensa».
Aunque la medida de aseguramiento sigue vigente, la libertad concedida implica que Bonilla continuará vinculado al proceso, pero fuera de prisión mientras avanza el juicio. El exministro fue imputado por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
A la decisión de libertad se sumó una denuncia presentada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, contra los fiscales delegados ante la Corte Suprema que llevan el caso, María Cristina Patiño (Fiscal 9) y Gabriel Sandoval Vargas (Fiscal 11), a quienes señaló como presuntos responsables de permitir la libertad del exministro por un «vencimiento deliberado» de términos.
En la denuncia, los fiscales son señalados por presunto prevaricato, fraude a resolución judicial, abuso de autoridad y concierto para delinquir.
LA COOPERACIÓN DE OLMEDO LÓPEZ
La acusación se nutrió, en buena parte, de la colaboración de Olmedo López, quien permanece privado de la libertad y reiteró días atrás, en una carta firmada con huella dactilar, su compromiso de seguir aportando información a la justicia, sin importar la decisión que adopte el Tribunal Superior de Bogotá sobre el preacuerdo que firmó con la Fiscalía en mayo de 2025.
«Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo, mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás», escribió López, quien añadió: «Si la justicia requiere más, habrá más».
Su defensa, encabezada por el abogado José Luis Moreno, ha insistido en que el rechazo del preacuerdo frena el acceso a la verdad completa sobre el caso. El 14 de abril de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme el rechazo al preacuerdo, en una decisión adoptada por la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano, quien sostuvo que la Fiscalía no precisó con suficiencia cuánto dinero terminó en manos de terceros.
El exdirector de la Ungrd ha señalado en sus declaraciones a altos funcionarios del Estado, entre ellos los exdirectores del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, y de la Función Pública, César Manrique Soacha, hoy prófugos; los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle; los exministros Bonilla y Velasco; y la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz. En su carta sostuvo que sus declaraciones «han sido respaldadas por pruebas y por otros testimonios que coinciden con lo que he venido revelando».
López refirió, además, que rechazó un ofrecimiento de soborno de «miles de millones de pesos» y que su decisión de hablar «no ha estado exenta de presiones, riesgos e intentos de interferencia».
/Colprensa.
