Son al menos once los alcaldes de ciudades capitales los que tienen serias amenazas contra sus vidas, según reveló un informa a la situación de seguridad que realizó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, en el cual se revelaron el tipo de amenazas, intimidaciones y riesgos contra alcaldes y funcionarios de ciudades capitales.
El documento recoge una análisis de la situación entre enero de 2024 y el 21 de abril de 2026, en el que identificaron al menos 11 alcaldes de ciudades capitales con registros públicos de amenazas, alertas de atentado o riesgos contra su vida, como también ocho casos más que involucran a funcionarios y equipos institucionales.
De acuerdo con Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, “no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno con características recurrentes que afecta la gobernabilidad y la capacidad del Estado para ejercer autoridad en los territorios”.
En concreto se identificaron amenazas directas contra los mandatarios de Cúcuta, Cartagena o Florencia, mientras que se han identificado presuntos planes de atentado a los alcaldes de Medellín, Barranquilla y Cali.
Según Asocapitales, también hay alertas de riesgo y situaciones controvertidas, como el caso del alcalde de Bogotá. Precisa la agremiación que los hechos no se concentran en una sola zona, sino que se presentan en capitales del Caribe, la región Andina, el Pacífico, la Amazonía y zonas de frontera.
Las alarmas Asocapitales también las prende por la situación de secretarios de despacho, agentes operativos, comisarías de familia y equipos técnicos, lo que amplía el impacto institucional del fenómeno.
“Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que las amenazas suelen aparecer cuando las alcaldías adoptan decisiones que afectan intereses ilegales, como operativos contra estructuras criminales, control del espacio público, regulación de movilidad y acciones contra economías ilegales como extorsión o microtráfico”, dice el reporte.
Igualmente consideran los alcaldes que la intimidación se está utilizando como un mecanismo de presión para condicionar decisiones públicas y limitar la acción del Estado en las ciudades, a la vez que se identifican patrones preocupantes como la extensión de amenazas a las familias de los mandatarios y la presión directa sobre funcionarios que ejercen autoridad en calle.
El informe advierte que las consecuencias van más allá de la seguridad personal. La amenaza contra un alcalde capital constituye una afectación directa al mandato democrático, porque busca condicionar la voluntad popular expresada en las urnas.
“Cuando se amenaza a un alcalde o a un funcionario, no solo se intenta intimidar a una persona. Se busca debilitar la autoridad del Estado en el territorio. Por eso, proteger a los gobiernos locales es proteger la democracia”, sostuvo Santamaría.
Hizo un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en medidas concretas: “Se requiere fortalecer los esquemas de protección, mejorar las capacidades de inteligencia y garantizar que las amenazas contra autoridades locales sean investigadas con prioridad y no queden en la impunidad”.
Asocapitales plantea como alternativa de solución el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección y de la Dirección de Protección de la Policía Nacional, la priorización de investigaciones por parte de la Fiscalía, un sistema centralizado de seguimiento de riesgos contra autoridades territoriales.
Para el director de Asocapitales, “los casos recientes en ciudades como Barranquilla, Cali y Florencia muestran que la intimidación sigue dirigida tanto a alcaldes como a funcionarios de alto nivel y equipos operativos. El mensaje es claro: la seguridad de quienes gobiernan las ciudades no es un asunto individual, sino un elemento central para garantizar la democracia y la capacidad del Estado de actuar en el territorio”.
