Aunque la agenda legislativa por esta época está marcada por la contienda electoral que llevará a escoger al nuevo Presidente de la República, en el Congreso están por terminar su paso y convertirse en ley dos proyectos que serán de amplio impacto social en las mujeres y en el uso de los trasplantes de órganos.
Por un lado está la llamada Ley Jineth Bedoya, la cual fue aprobada en la Séptima del Senado en tercer debate y que hace obligatoria la capacitación en enfoque de género para todos los servidores públicos que atienden a mujeres víctimas de violencias basadas en género.
De ser ley el Congreso cumpliría con una orden impartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Bedoya Lima vs. Colombia, cuando se condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en los actos de tortura, secuestro y violencia sexual sufridos por la periodista en 2000, y ordenó la creación de un plan de capacitación permanente y obligatorio para que los funcionarios.
De acuerdo con la autora de la ley, la representante Cathy Juvinao, «lo que le pasó a Jineth Bedoya no le pasó solo a ella, le pasó a miles de mujeres que en este país han tenido que cargar con el dolor de haber sido abusadas, torturadas, violadas y asesinadas por el solo hecho de ser mujeres”.
El proyecto tiene como ponentes a las senadoras Norma Hurtado Sánchez, Nadia Blel Scaff y Martha Peralta Epieyú, en el que además se indica la creación del Comité de Coordinación e Implementación de Procesos de Capacitación y No Revictimización contra las Mujeres, presidido por la Defensoría del Pueblo.
También extiende la obligación de capacitación a los contratistas por prestación de servicios que atienden directamente a las víctimas, cerrando así la principal brecha de impunidad administrativa.
Además incorpora un enfoque diferencial y étnico, y establece responsabilidad disciplinaria para quienes incumplan, incluida la acción de repetición contra funcionarios responsables de revictimización cuando el Estado sea hallado culpable u obligado a conciliar con las víctimas.
Por último está el denominado proyecto ‘55 vidas’ que regula la donación de órganos, el cual fue aprobado en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
De acuerdo con su autor el representante de la Alianza Verde, Alejandro García, el proyecto se denomina ‘55 vidas’ porque una sola persona donante puede salvar o mejorar la vida de hasta 55 personas, a través de la donación de órganos y tejidos, reflejando el impacto real que puede tener esta decisión.
Según García, “hoy, más de 4.226 personas están en lista de espera por un trasplante en Colombia. Este proyecto aumenta las posibilidades de donación y fortalece los procesos técnicos para salvar vidas. Queremos mejorar la calidad de vida de los colombianos y responder a una realidad preocupante: el aumento de pacientes en diálisis, entre otros. Con esta iniciativa, buscamos dar segundas oportunidades y salvar vidas”.
Resaltó que el país enfrenta un problema estructural, el sistema de donación está desactualizado frente a la ciencia.
“La ley actual regula principalmente la donación en casos de muerte encefálica, pero deja un vacío jurídico en la donación por parada circulatoria, lo que genera incertidumbre en médicos e instituciones y termina haciendo que se pierdan miles de posibles donantes”, manifestó.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, en Colombia hay más de 4.000 pacientes en lista de espera, mientras la tasa de donación sigue siendo baja con 6,4 donantes por millón de habitantes, debajo de países como Argentina (19,6), Brasil (18) o España (49,6).
“Hoy hay personas que llevan hasta 14 años esperando un trasplante y muchos fallecen en ese proceso. Además, más de 600 personas han esperado hasta cinco años por un trasplante de córnea, cuando con cerca de 300 donantes se podría cambiar radicalmente su calidad de vida”, afirmó Juan Pablo Gutiérrez, médico coordinador de donación y trasplante de Coosalud.
/Colprensa.
