Tras una jornada de seguimiento a la doble calzada Ciénaga – Barranquilla, realizada en el municipio de Puebloviejo, la gobernadora Margarita Guerra Zúñiga, reiteró que el componente social del proyecto será concertado con las comunidades, en respuesta a los reclamos de habitantes de la zona.
En ese mismo espacio, el alcalde Brandon Márquez manifestó reparos frente a la falta de socialización de algunos anuncios relacionados con la primera fase del proyecto. Señaló que, aunque respaldan el desarrollo regional, se opondrán a iniciativas que no garanticen condiciones claras para la comunidad, especialmente en lo referente al proyecto de vivienda palafítica.
Durante el recorrido, la mandataria escuchó las inquietudes de líderes sociales y autoridades locales, y aseguró que se garantizará la participación ciudadana en las decisiones. “El componente social de la doble calzada se concertará con la comunidad. Nunca será por imposición”, afirmó, al tiempo que destacó que se respetarán los derechos de la población.
Inconformidad por proyecto de vivienda
En paralelo, líderes sociales y habitantes han manifestado su preocupación por un proyecto de vivienda destinado a la reubicación de familias en Puebloviejo, el cual podría afectar la Ciénaga Grande de Santa Marta.
De acuerdo con las advertencias, la construcción de unas 500 viviendas palafíticas sin sistemas adecuados de saneamiento podría generar vertimientos directos al ecosistema, aumentando el riesgo de afectaciones a la calidad del agua y a la fauna, especialmente los recursos pesqueros.
Asimismo, se han planteado riesgos para la salud pública ante la ausencia de infraestructura como plantas de tratamiento de aguas residuales o sistemas de alcantarillado, lo que podría derivar en enfermedades entre los futuros habitantes.
También se han expresado inquietudes sobre aspectos legales y técnicos, como la necesidad de licencias ambientales, la intervención de entidades como Corpamag y la realización de procesos de consulta con las comunidades, además de su coherencia con el Plan de Ordenamiento Territorial.
Aunque la reubicación de familias es considerada necesaria en el marco del proyecto vial, distintos sectores han insistido en que este proceso debe adelantarse bajo criterios de sostenibilidad ambiental y garantizando condiciones dignas para la población.
La administración departamental indicó que continuará con el seguimiento a la obra y la promoción de espacios de diálogo, en medio del debate sobre el equilibrio entre desarrollo de infraestructura, vivienda y protección ambiental.
