La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, calificó de «vergüenza nacional» que en el siglo XXI la falta de agua potable sea «la excusa para que la corrupción haga un festín con el hambre y la sed» de los wayúu en La Guajira, durante los Diálogos Constitucionales realizados en Barichara, Santander, donde también reconoció que la jurisprudencia del tribunal «ha avanzado mucho más rápido que las tuberías y las plantas de tratamiento» y llamó a orientar transformaciones estructurales en la transparencia de la contratación pública, la protección de fuentes hídricas y la priorización del gasto.
«Nos indigna La Guajira, y lo digo sin matices», señaló Meneses ante magistrados, jueces, autoridades locales y líderes comunitarios reunidos en el municipio santandereano. La magistrada precisó que cada carrotanque que se pierde en la burocracia y cada jagüey «que se dice recuperado o construido y no existe» constituyen «un atentado directo contra la esencia misma de nuestra Constitución.»
Meneses fue tajante al señalar que el problema no es de recursos ni de infraestructura, sino «de moral pública». «No podemos seguir hablando de ‘progreso’ o de ‘desarrollo económico’ en los foros internacionales cuando en nuestra propia casa, privilegiada por la naturaleza, el agua se ha convertido en un botín de guerra para los corruptos», dijo. Y definió «la corrupción que trafica con la sed» como «la forma más baja de violencia contra la dignidad humana.»
La presidenta de la Corte extendió ese diagnóstico a otras zonas del país, donde, según señaló, «los pueblos ancestrales y las comunidades rurales ven pasar los ríos frente a sus ojos mientras sus pozos se secan y el agua no llega a sus viviendas.» Describió esa contradicción como «un resultado de la desidia», no como «un accidente de la naturaleza.»
Meneses reconoció ante el auditorio una brecha entre los avances jurídicos del tribunal y la situación en los territorios. «De nada sirve que en Bogotá firmemos sentencias suficiente y robustamente fundadas en argumentos jurídicos si en las regiones a la apertura del grifo no le sigue la de la vida», afirmó. Y añadió: «El éxito de nuestra labor se mide por la transformación de la realidad en los territorios y no por la elegancia de nuestros fallos.»
La magistrada convocó a descartar las «soluciones temporales» y a asumir compromisos de fondo: «Necesitamos que el Estado, desde la planeación nacional hasta el concejo municipal, entienda que el agua no es un favor que se le hace al pueblo; es la obligación primaria de cualquier sociedad que se pretenda civilizada.» Señaló que la eficiencia no puede seguir mediéndose «en el número de contratos firmados, sino en el número de vidas salvadas y en la cantidad de hogares que pueden abrir una llave con la certeza de que su salud no corre peligro.»
*EL AGUA COMO DERECHO*
Meneses afirmó que la Corte Constitucional alcanzó «un hito fundamental» al reconocer el agua potable como derecho fundamental autónomo. «El agua es el derecho que sostiene a todos los demás derechos», dijo, y enumeró los vínculos directos de ese reconocimiento: la vida, la salud, la vivienda digna, la educación, el trabajo y la igualdad de género. Citó a la ONU al señalar que «donde fluye el agua, crece la igualdad», y advirtió que «una comunidad sin agua está en conflicto.»
La magistrada señaló que el tribunal ha dictado sentencias que protegen los páramos, garantizan el mínimo vital de poblaciones sin acceso —incluidas las privadas de la libertad— y exigen la protección de cuencas. Mencionó el reconocimiento de los derechos bioculturales en la cuenca del río Atrato como parte de esa trayectoria jurisprudencial.
Meneses también planteó que el agua dejó de ser «un simple servicio domiciliario sujeto a la capacidad de pago» para ser entendida como «un recurso esencial de vida», y que «la falta de acceso al agua potable es, hoy por hoy, el indicador más cruel de la pobreza en Colombia», al ser «la frontera invisible que separa a quien puede vivir con dignidad de quien se ve obligado a mendigar por un recurso que la naturaleza nos dio gratuitamente.»
En su intervención, Meneses citó el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2026, según el cual, para 2024, 2.100 millones de personas carecían de acceso al agua gestionada de manera segura; 3.400 millones no tenían acceso a servicios de saneamiento seguros; y 1.700 millones no contaban con servicios básicos de higiene en sus hogares.
La magistrada ligó esa dimensión global a la agenda territorial: «Lo global nos advierte sobre el cambio climático, sobre el agotamiento de los glaciares y el envenenamiento de los ríos. Pero lo territorial nos muestra la urgencia de proteger hoy mismo nuestros nacimientos de agua.» Llamó a que la justicia constitucional sea al mismo tiempo «una justicia climática y social», y a proteger a campesinos y pueblos étnicos como «guardianes naturales» del recurso.
/Colprensa.
