El más reciente análisis de UNMAS sobre el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en Colombia señala que los ataques de drones con cargas explosivas por parte de grupos armados no estatales pasaron de 61 en 2024 a 333 en 2025, con una concentración del 63% en departamentos como Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
Asimismo, el informe advierte que en 2025 se registraron al menos 414 incidentes con artefactos explosivos improvisados, frente a 167 en 2024, lo que según la entidad, es un claro aumento del uso de este tipo de armas en el conflicto.
Datos citados en el informe indican que entre enero y mayo de 2025 se registraron 524 víctimas por artefactos explosivos, un aumento del 145% frente al mismo periodo del año anterior.
A esto se suma que más de 1,6 millones de personas resultaron afectadas por la violencia y los conflictos armados en 2025, tres veces más que en 2024.
El documento señala que el uso de drones con explosivos ha evolucionado desde labores de vigilancia, registradas desde 2018, hasta convertirse en una herramienta ofensiva desde 2019, con impactos tanto en zonas rurales como urbanas.
Estos dispositivos han sido utilizados en ataques contra infraestructura, fuerza pública y comunidades, siendo estas últimas las más afectadas durante el último año.
Asimismo, UNMAS advierte que este tipo de tecnología se está integrando en dinámicas más amplias del conflicto, como el control de corredores estratégicos ligados a economías ilícitas.
Además, según estimaciones de Naciones Unidas, el número de personas que requieren medidas de protección frente a minas antipersonal y otros artefactos explosivos en los que se incluyen los drones, pasó de 607.910 en 2024 a 812.966 para 2026.
Por ello, UNMAS plantea que en 2026 será clave fortalecer los sistemas de alerta temprana, mejorar la coordinación entre entidades y ampliar las estrategias de educación sobre riesgos en las zonas más afectadas.
El informe también señala que la expansión de estas prácticas ha coincidido con el aumento de otros fenómenos como desplazamientos forzados, confinamientos y afectaciones psicológicas en comunidades expuestas.
El organismo internacional insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y adaptar las estrategias de protección para comunidades en riesgo, ante una amenaza que, según el informe, continúa en expansión y con impactos crecientes en el contexto humanitario del país.
Frente a esto, Señaló como positivo que, a marzo de este año, el Ministerio de Defensa avanzaba en el proyecto denominado “Escudo Anti-Drones”, orientado a la adquisición de tecnología para detectar y neutralizar estos dispositivos.
