Tras el cumplimiento de los requisitos habilitantes, la administración departamental anuncio que se dará inicio a la construcción de la vía en doble calzada Ciénaga – Barranquilla, un proyecto de infraestructura que cuenta con la autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), otorgada mediante la Resolución 01323 del 4 de noviembre de 2016. Esta aprobación ambiental permite avanzar en la fase constructiva, luego de haberse surtido los procesos técnicos, administrativos y regulatorios exigidos para este tipo de intervenciones viales de gran escala.
La intervención total de la vía contempla 166,82 kilómetros en operación y mantenimiento, así como 49,92 kilómetros en construcción, lo que implica no solo la ampliación de tramos existentes, sino también la adecuación y mejoramiento de la infraestructura actual. El corredor se extiende desde el final del viaducto de la nueva Variante de Ciénaga hasta el puente Laureano Gómez, ubicado en el sector de Palermo, en jurisdicción del municipio de Sitionuevo, conectando puntos estratégicos del norte del país.
Esta megaobra tiene un valor estimado de $2,7 billones y está proyectada para beneficiar de manera directa a cerca de 2 millones de habitantes. Su ejecución busca mejorar las condiciones de movilidad en el corredor, reducir tiempos de desplazamiento y facilitar el transporte de carga y pasajeros, lo que incide en la dinámica económica de la región y en la articulación entre centros urbanos y zonas productivas del Caribe.
El proyecto impactará directamente a municipios como Santa Marta, Barranquilla, Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Zona Bananera y Soledad, territorios que hacen parte de este eje vial y que dependen en gran medida de esta conexión para el desarrollo de actividades comerciales, turísticas y logísticas. La obra también se proyecta como un componente clave para la integración regional y el fortalecimiento de corredores estratégicos.
Por su parte, el interventor del proyecto confirmó que no existe impedimento técnico, legal, ambiental, contractual ni administrativo que limite o condicione el inicio de la etapa de construcción. Asimismo, indicó que el concesionario ha cumplido con las obligaciones ambientales exigibles para esta fase, incluyendo los requerimientos establecidos en la licencia ambiental vigente. En ese sentido, se precisó que la Gobernación cuenta con plena seguridad jurídica para continuar con la actuación administrativa subsiguiente, lo que habilita el inicio formal de las obras en el corredor vial.
