Por primera vez, Colombia cuenta con una medición oficial que busca dimensionar la explotación sexual comercial de menores de edad. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó una caracterización basada en registros del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), que recoge denuncias y reportes judiciales a nivel nacional.
De acuerdo con los resultados, entre 2015 y 2025 se registraron al menos 22.697 víctimas de este delito en el país, una cifra que, según la propia entidad, corresponde a un mínimo, ya que depende de los casos denunciados y formalmente registrados.
El análisis muestra que la mayoría de las víctimas son mujeres, pues el 81,8% de los casos corresponde a niñas y adolescentes, con mayor concentración en el grupo de 14 a 17 años. Al mismo tiempo, el informe evidencia que también hay afectaciones en niños, aunque en menor proporción.
Uno de los hallazgos más relevantes es el comportamiento de los delitos asociados, ya que, la pornografía con menores de edad aparece como la modalidad más frecuente y con un aumento significativo en la última década, representando más de la mitad de los casos reportados.
Según el informe, este aumento está directamente relacionado, en parte, con el uso de tecnologías digitales, que con el paso de los años han ido facilitando nuevas formas de explotación.
En cuanto a la distribución territorial, Bogotá encabeza el número de víctimas reportadas con 5.609 casos, seguida por Antioquia (4.553) y Valle del Cauca (1.874).
Sin embargo, el informe advierte que estas cifras también están influenciadas por la densidad poblacional y los niveles de denuncia en cada región, siendo Bogotá una de las principales ciudades con aumento de denuncias.
La caracterización también incluye a las personas vinculadas a estos delitos. En el mismo periodo, 18.883 personas fueron registradas como indiciadas, en su mayoría hombres con 72,7%, con mayor presencia en edades entre los 27 y 59 años.
El DANE precisó que se trata de una “estadística experimental”, construida a partir de registros administrativos y no de encuestas, debido a la dificultad de medir directamente este tipo de fenómenos.
Esto, según explicó la entidad, tiene ciertas limitaciones, como el subregistro y la dependencia de las denuncias, lo que deja por fuera un número indeterminado de casos que no llegan al sistema judicial.
Pese a estas restricciones, la entidad señaló que el uso de datos del SPOA permite por primera vez tener una aproximación nacional, con desagregación territorial y características de víctimas e indiciados, lo que podría servir como insumo para políticas públicas y estrategias de prevención futuras.
Asimismo, el informe también señaló vacíos en la calidad de la información que llega atada a cada denuncia o registro, especialmente en variables como edad y sexo en algunos registros, lo que limita en cierta medida el análisis detallado y plantea retos para mejorar la recolección de datos en el futuro.
/Colprensa
