Mientras la Corte Constitucional estudia si es válido el estado de emergencia económica declarado por el Gobierno, a través del Decreto 150 de 2026, debido a un frente frío sin precedentes, nuevos informes muestran la gravedad de la situación.
Estos reportes, enviados al magistrado Miguel Polo Rosero, indican que la crisis ha afectado a decenas de miles de personas, en al menos ocho departamentos del país.
Además, las autoridades locales no tienen suficientes recursos para enfrentar la emergencia, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ya agotó su presupuesto, en medio de cuestionamientos de la Contraloría sobre cómo se han manejado esos recursos.
El mapa de la tragedia y el déficit territorial
Para ilustrar el alcance de la crisis ante el alto tribunal, la Federación Colombiana de Municipios (FCM) presentó un diagnóstico elaborado con las respuestas de 35 administraciones locales ubicadas en Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
El reporte de la FCM explicó que solo en estos territorios consultados se registran 23.125 familias afectadas, lo que se traduce en 68.529 personas damnificadas, un grupo poblacional de alta vulnerabilidad donde figuran 5.272 menores de edad, 3.523 adultos mayores, 1.313 personas con discapacidad y 20.195 ciudadanos pertenecientes a grupos étnicos.
Las cifras del expediente mostraron puntos críticos de concentración del desastre, liderados por las poblaciones chocoanas de Nuevo Belén de Bajirá, con cerca de 24.000 habitantes impactados, y Quibdó, con 21.315 personas afectadas, seguidas por Yolombó, en Antioquia, donde la emergencia golpeó a unas 11.000 personas. El censo también incluye a Cotorra, en Córdoba, y San Juan del Cesar, en La Guajira, que suman en conjunto casi 12.000 damnificados adicionales.
El colapso de los entes territoriales quedó en evidencia cuando 13 de las 20 alcaldías que reportaron su situación financiera al gremio confirmaron que sus recursos disponibles son insuficientes para enfrentar la crisis con sus presupuestos ordinarios, una asfixia fiscal que obligó a seis de ellas a declarar la calamidad pública de manera autónoma.
Impacto productivo y el debate sobre las facultades del Estado
El frente frío no solo anegó viviendas, sino que afectó severamente el renglón agrícola. La FCM señaló en su concepto que la emergencia inundó 3.591 hectáreas de pasturas e impactó a 2.650 animales de producción, un golpe que recayó sobre 1.157 productores pecuarios y generó pérdidas inmediatas calculadas en $1.769 millones.
En su radiografía global sobre el territorio nacional, el gremio municipalista documentó más de 94.000 familias damnificadas y 111.000 hectáreas comprometidas por precipitaciones que se dispararon hasta un «1.600% por encima de lo normal», dejando un déficit presupuestal en las regiones cercano a los $32.715 millones y necesidades de reconstrucción que se estiman en $8 billones, lo que configura de manera objetiva una situación de gravedad extrema.
Sin embargo, la misma Federación planteó ante la Corte Constitucional un dilema jurídico crucial al cuestionar si el ordenamiento jurídico nacional ya ofrecía las herramientas necesarias —como movimientos presupuestales, créditos extraordinarios o reasignaciones de fondos del Sistema General de Regalías— que «hubieran permitido atender la crisis sin necesidad de acudir al estado de excepción».
En defensa de la declaratoria de emergencia, la Ungrd indicó ante la Corte que el frente frío constituyó un «evento meteorológico atípico, sobreviniente y extraordinario», que desbordó los parámetros científicos utilizados en Colombia.
Esta postura fue respaldada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entidad que concluyó que enero de 2026 se posiciona entre los meses más lluviosos de la última década, según el comparativo de las normales climatológicas registradas entre 1991 y 2020.
Aunque la ciencia meteorológica modela la intensidad y frecuencia de las lluvias, el Ideam explicó que la magnitud exacta y la distribución espacial de las precipitaciones extremas mantienen un «margen de incertidumbre que dificulta su previsión», confirmando la naturaleza imprevisible de la catástrofe.
A este escenario se sumó la Federación Nacional de Departamentos, gremio que concluyó que la concurrencia de estos fenómenos climáticos superó la barrera local para transformarse directamente en una «emergencia de alcance nacional» por sus impactos simultáneos.
Las alertas fiscales de la Contraloría sobre la Ungrd
Mientras las regiones exigen atención urgente, la Contraloría enfocó su informe en las deficiencias estructurales de la entidad encargada de liderar la respuesta humanitaria.
El ente de control fiscal explicó que de los $689.000 millones asignados a la Ungrd para la vigencia 2026, una partida de $668.000 millones está destinada a la atención de desastres, a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, pero advirtió con contundencia que para el 25 de febrero la entidad ya tenía el cien por ciento de dichos recursos «comprometido», agravado por el hecho de que no «registraban obligaciones ejecutadas», que se tradujeran en acciones materiales.
El diagnóstico del organismo auditor fue más allá y señaló profundas debilidades en la administración estatal de las emergencias, al revelar que la Ungrd y el Fondo Nacional acumulan hallazgos fiscales por más de $110.000 millones y mantienen calificaciones de gestión presupuestal de carácter «no razonable».
Esta crisis administrativa ha hecho que, durante los últimos tres años, no puedan cerrar sus cuentas de forma clara y transparente. Esto genera dudas sobre su capacidad real para actuar y responder a las necesidades urgentes que exige el Decreto 150.
BOGOTÁ, (Colprensa).-
