La histórica suspensión del decreto de emergencia económica desató una profunda fractura en la Corte Constitucional, evidenciada en el salvamento de voto del magistrado Vladimir Fernández, quien acusó a la mayoría de la Sala Plena de asumir competencias de facto, mediante un fallo que altera gravemente el diseño institucional del país, al transformar al tribunal en un actor político capaz de neutralizar las respuestas del Ejecutivo ante las crisis nacionales.
El togado explicó que el tribunal sencillamente no tiene la facultad legal para pausar de manera anticipada los decretos de emergencia. Además, advirtió que, si los magistrados modifican sus propias funciones, a través de un trámite judicial secundario, terminan alterando el diseño del Estado que establecieron los creadores de la Constitución de 1991.
Fernández señaló que, al atribuirse potestades no previstas en la ley, la Corte «se convertiría en una pequeña Asamblea Nacional Constituyente, en función permanente», ejecutando una «auto-atribución inédita e improvisada de competencias por parte de la mayoría de la Sala Plena».
El jurista indicó que revivir esta potestad cautelar mediante un simple auto constituye una «violación directa a la cosa juzgada constitucional» y a la Carta Política, pues la Sentencia C-179 de 1994 prohibió expresamente esta figura de forma definitiva.
El magistrado concluyó que la postura mayoritaria se basó en un «artificio argumentativo» y en un «juego semántico, selectivo y parcial» de decisiones pasadas para construir una habilitación judicial que el propio diseño constitucional rechazó hace tres décadas.
Sobre el impacto político del auto, Fernández advirtió que la decisión adoptada «desdibuja la frontera entre control judicial y dirección política de la emergencia», transformando el mecanismo en una «suerte de coadministración» de la crisis.
El togado explicó que, al frenar el decreto de manera inmediata, la Corte le quitó al Legislativo la oportunidad natural de debatir y evaluar la crisis desde el primer momento.
Según el jurista, esta suspensión anticipada «desplazó, de facto, el control político y democrático a cargo del Congreso de la República», pues el tribunal invadió funciones ajenas y rompió el equilibrio de los poderes públicos.
Respecto al uso de un fallo de 2023 (Auto 272) como base legal para frenar el decreto, el togado precisó que el tribunal hizo una aplicación «extensiva e inadecuada». Fernández explicó que los magistrados usaron a la fuerza una regla pensada exclusivamente para pausar leyes comunes tramitadas en el Congreso, aplicándola a un régimen excepcional y automático como el de las emergencias presidenciales.
Así las cosas, el magistrado alertó que esta suspensión representa una «creación normativa por vía jurisprudencial». Es decir, acusó a la mayoría de inventar una nueva regla, a través de un simple trámite judicial (providencia incidental), vulnerando el principio de legalidad que obliga a los jueces a aplicar las leyes existentes y no a crearlas, lo cual es vital para garantizar la neutralidad de la justicia en el país.
/Colprensa.
