Equipo directivo de la UNP señaló la urgencia de reevaluar los protocolos vigentes, por lo que en el escenario de debate «se plantearon posibles ajustes y mejoras frente a la herramienta de evaluación de riesgo».
Con el objetivo de frenar la incesante violencia y responder de manera eficiente al complejo contexto de inseguridad que azota a los defensores de derechos humanos en los territorios, la Procuraduría lideró una cumbre interinstitucional con la Unidad Nacional de Protección para evaluar las fallas operativas en las rutas actuales y aplicar ajustes urgentes en las herramientas de medición de riesgo, reafirmando el deber del Estado de garantizar la vida frente al recrudecimiento del conflicto.
El espacio de articulación preventiva estuvo encabezado por el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Osuna, en compañía de la cúpula de la UNP, integrada por el subdirector de Asuntos Institucionales, Juan Camilo Chavarro Marín; el director de Protección, Miguel Ángel Quiroga; y el director de Evaluación de Riesgo, coronel Nelson Rolando Russi.
Durante el encuentro, Osuna explicó que la prioridad de la entidad es superar las barreras burocráticas y corregir las «dificultades evidenciadas en la ruta actual», con el fin imperativo de «fortalecer su eficacia para garantizar el derecho fundamental a la vida» de las poblaciones bajo amenaza.
Por su parte, el equipo directivo de la UNP señaló la urgencia de reevaluar los protocolos vigentes, por lo que en el escenario de debate «se plantearon posibles ajustes y mejoras frente a la herramienta de evaluación de riesgo».
AJUSTES AL ANÁLISIS DE RIESGO
La revisión estructural de «las etapas del análisis que actualmente adelanta la UNP» fue el eje neurálgico del encuentro para evitar demoras fatales en la entrega de esquemas de seguridad.
Ante esto, el coronel Russi ordenó focalizar los esfuerzos técnicos para que los mecanismos preventivos logren «responder de manera más eficiente al contexto de inseguridad, amenazas y hechos de violencia que afectan a líderes y lideresas en distintas regiones del país».
La jornada interinstitucional fue respaldada por los delegados del Ministerio Público, quienes catalogaron la mesa como «un diálogo técnico e institucional orientado a optimizar los mecanismos de prevención y protección».
Finalmente, la Procuraduría concluyó que estas auditorías conjuntas son determinantes para materializar «el compromiso de las entidades participantes con la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento de las medidas de protección en Colombia», exigiendo celeridad en la implementación de los cambios acordados en las evaluaciones de riesgo.
LAS CIFRAS DEL RIESGO
La reestructuración de estas rutas de atención responde a un contexto estadístico crítico en los territorios. De acuerdo con los monitoreos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la violencia contra los defensores es sistemática: durante el año 2025 se registró el asesinato de al menos 187 líderes y lideresas sociales en Colombia.
Esta grave tendencia se ha mantenido durante las primeras semanas de 2026, acumulando 23 homicidios confirmados hasta finales de febrero, con especial concentración en zonas de conflicto como el departamento del Cauca.
En paralelo, el volumen de riesgo ha llevado la capacidad del Estado a cifras sin precedentes. Según la información oficial divulgada por el Ministerio del Interior, la UNP atiende actualmente una demanda histórica, confirmando que «en Colombia ya hay más de 15.000 personas con medidas de protección personal”, de los cuales más de 10 mil son lideresas, líderes y defensores de derechos humanos./Colprensa
