Ante el inicio de la huelga en la Electrificadora de Santander (ESSA), la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) advirtió sobre las graves consecuencias que tendría la suspensión del servicio de energía por parte de la empresa.
Según la ANDI, la suspensión del servicio de energía afectaría a 958.344 usuarios de 102 municipios y 6 departamentos.
Una eventual suspensión pondría en riesgo crítico, de acuerdo con la enumeración hecha por la ANDI, a 4.921 cuentas de manejo especial que incluyen 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos, 78 sistemas de alumbrado público, 288 cuentas de seguridad ciudadana de policía, 21 cuentas de seguridad ciudadana de batallones, 3.492 instituciones educativas, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 260 acueductos, 54 hogares del ICBF, 10 estaciones de bomberos, 6 aeropuertos, 40 nodos de telecomunicaciones, entre otros.
El Artículo 4 de la Ley 142 de 1994 y al Artículo 5 de la Ley 143 de 1994 considera el servicio de energía eléctrica como un servicio de carácter esencial, por lo cual respecto de él no se pueden realizar huelgas.
El Ministerio del Trabajo, simultáneamente, informó que la huelga sí se realizará, pero no respecto de actividades que se consideren básicas para garantizar la continuidad del servicio y se podrían llegar a imponer sanciones en caso de que se llegue a impedir el correcto funcionamiento del servicio.
«Instamos a las partes a priorizar el diálogo institucional sobre medidas que generarían afectaciones a derechos fundamentales de la ciudadanía, así como daños irreversibles a la productividad y la seguridad social de la región», manifestó la ANDI.
- colprensa
