El grupo armado se comprometió y el proceso avanzó con la formalización de acuerdos que incluyen respeto a las elecciones, no ataques a la Fuerza Pública y protección de la vida y la infancia en la Sierra Nevada.
El Gobierno Nacional quiere que esta vez el desmonte de una estructura armada en la Sierra Nevada no sea un episodio más en una historia de reemplazos y reacomodos ilegales, sino el cierre definitivo de un ciclo que se ha prolongado por más de cuatro décadas
Esa es la apuesta que expuso el delegado en la mesa de diálogo con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), Óscar Mauricio Silva, al asegurar que el proceso avanza y que el objetivo no es únicamente lograr el sometimiento del grupo, sino impedir que su salida deje un vacío que pueda ser ocupado por nuevas estructuras criminales.
Según explicó, en los últimos días fueron protocolizados acuerdos que ya se venían aplicando en el terreno, especialmente en materia de protección a la población civil. Los compromisos incluyen la defensa de la vida y la infancia, el respeto al proceso electoral, la no agresión contra la Fuerza Pública y la cooperación con acciones institucionales.
“Protocolizamos acuerdos que tienen que ver con la defensa de la vida, la defensa de la infancia, el respeto a las elecciones y no atacar a la fuerza pública. Lo importante es que quedaron formalizados”, afirmó.
El delegado precisó que se trata de un proceso de carácter sociojurídico y de acogimiento a la justicia, lo que implica discreción y coordinación directa con las autoridades judiciales. “Hay que entender que este es un proceso sociojurídico, muy discreto, porque es de sometimiento a la justicia. Tiene unas maneras complejas en términos de Fiscalía y nosotros, como Ejecutivo, debemos actuar dentro de ese marco”, explicó.
La formalización de estos compromisos contó con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, respaldo que, según el Gobierno, aporta verificación internacional y mayor confianza en el desarrollo de la mesa.
EL DESAFÍO DE LA IRREVERSIBILIDAD
Más allá de los acuerdos puntuales, el punto neurálgico del proceso es evitar que la historia se repita. La Sierra Nevada y su zona de influencia han vivido más de 40 años de presencia armada ilegal, incluso después de procesos de desmovilización ocurridos en 2006 y 2016.
Para el Ejecutivo, el riesgo no es solo que el grupo permanezca activo, sino que su eventual desmantelamiento genere un vacío de poder.
“Esperamos avanzar hacia la irreversibilidad del proceso. No se trata solamente de que este grupo deje de existir, sino de que no quede un vacío en el territorio y no llegue otro grupo a ocupar ese espacio”, advirtió Silva.
El funcionario recordó que en la región ha persistido un esquema de control paralelo que no ha desaparecido con los anteriores procesos de desmovilización. “Esta gobernanza ilegal, esa cogobernanza o dominación, continúa. No ha parado”, sostuvo, al insistir en que el desafío es estructural y no coyuntural.
De ahí que el objetivo sea garantizar un tránsito real al Estado Social de Derecho, con seguridad institucional y presencia efectiva de las autoridades civiles y militares.
INSTITUCIONALIDAD Y CONTROL TERRITORIAL
Silva reconoció que en sectores de Santa Marta y su área de influencia la institucionalidad ha sido históricamente insuficiente y que subsisten conflictos sociales complejos. En ese contexto, insistió en que las denuncias por hechos delictivos deben tramitarse ante la Policía y la Fiscalía, pues la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no tiene funciones de investigación judicial.
“La institucionalidad debería ser mucho más fuerte y no lo es. Esa es una realidad”, señaló.
El proceso, explicó, también busca crear condiciones para que el Estado pueda ejecutar obras y programas sociales sin presiones ilegales. Garantizar que un contratista pueda instalar infraestructura o desarrollar proyectos públicos sin intimidaciones forma parte de esa transformación territorial que se pretende consolidar.
LAS CONDICIONES DEL SOMETIMIENTO
Dentro de la mesa, el grupo armado ha planteado dos preocupaciones centrales. La primera es la protección efectiva del territorio por parte de la Fuerza Pública, ante el temor de que, tras su desmantelamiento, ingresen otras organizaciones armadas.
“Ellos plantean que la Fuerza Pública debe proteger el territorio y no permitir que ningún actor armado entre. La mayoría de sus integrantes tienen arraigo en la región y les preocupa la llegada de personas externas que puedan generar nuevas dinámicas de violencia”, explicó el delegado.
La segunda tiene que ver con el marco jurídico del sometimiento, ya que el Gobierno radicó ante el Congreso un proyecto de ley que contempla penas entre cinco y ocho años de prisión para integrantes de estructuras armadas que se sometan colectivamente, entreguen armas y colaboren con la justicia. Actualmente la iniciativa está siendo analizada y debatida por las comisiones y plenarias del Congreso, y aún no ha sido aprobada ni convertida en ley.
Sobre este punto, Silva explicó que el grupo considera razonable ese rango de penas dentro de un proceso de acogimiento, siempre que esté ligado al desmantelamiento total de la estructura y la entrega de armamento. “Ellos consideran que unas penas entre cinco y ocho años son razonables dentro de un proceso de sometimiento. Lo que señalan es que, si entregan una estructura que ha ejercido control durante 40 años, todos los fusiles y se someten a la justicia, no podrían enfrentar penas de 25 años de cárcel”, precisó.
El esquema propuesto por el Ejecutivo establece beneficios condicionados: las penas reducidas dependerán de la entrega completa de armas, la no reincidencia y la colaboración efectiva en términos de verdad y reparación.
CERRAR EL CICLO
Para el delegado, el verdadero reto no será la firma del acuerdo, sino la capacidad del Estado para ocupar de manera sostenida el espacio que deje la estructura armada.
“A ellos les interesa la transformación de su territorio. Han manifestado que no quieren seguir haciendo lo que están haciendo. Pero esto solo será sostenible si logramos que haya un tránsito real al Estado Social de Derecho y que no se repita la historia”, concluyó.
La meta del Gobierno es que el proceso no se convierta en un relevo de actores armados, sino en el cierre definitivo de un ciclo de violencia que durante décadas ha condicionado la vida institucional y social en la Sierra Nevada.
