El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, anunció durante la Cumbre de Gobernadores celebrada en Montería que en menos de un mes se emitirán las sanciones disciplinarias contra los funcionarios responsables de la tragedia humanitaria que padecen desde hace 15 días los habitantes de la capital y otras poblaciones de Córdoba, por cuenta de las graves inundaciones, atribuyendo la magnitud de esta crisis a una evidente inoperancia de diversas entidades estatales que han dejado a los afectados en condiciones inhumanas y a la espera de soluciones efectivas.
El jefe del Ministerio Público cuestionó con severidad la respuesta institucional ante la emergencia y explicó que el sufrimiento prolongado de la población no obedece únicamente a los embates de la naturaleza, sino a la falta de gestión pública.
Durante su intervención ante los mandatarios regionales, Eljach aseveró que «pronto vamos a ver consecuencias de los responsables que tienen que ver con la tragedia que hoy vive el departamento», tras enfatizar que «no hay duda que la magnitud de la tragedia es resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado».
El funcionario señaló que resulta indignante observar cómo, tras dos semanas ininterrumpidas desde que ocurrieron los desbordamientos, las comunidades afectadas continúan sobreviviendo en medio de la precariedad frente a la mirada pasiva de las autoridades, mientras aguardan respuestas gubernamentales reales que mitiguen su nivel de vulnerabilidad extrema.
Para documentar estas presuntas omisiones y sustentar los inminentes fallos disciplinarios, el procurador indicó que desde hace varios días un equipo especializado de control se encuentra desplegado directamente en las zonas de desastre.
Según detalló, funcionarios adscritos a las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, así como de Asuntos Ambientales y Agrarios, viajaron a la región por instrucción estricta de su despacho.
Sobre el terreno, este grupo especial constató las profundas dificultades que afrontan los pobladores damnificados y requirió toda la información documental a las dependencias encargadas de brindar la asistencia, el apoyo logístico y la seguridad a los ciudadanos, material que servirá como insumo probatorio fundamental para determinar quiénes fallaron en su deber legal frente a la crisis.
/Colprensa.
