El FOMAG detectó que, entre 2024 y 2025, se realizaron 42.400 desembolsos por este concepto por un total de $ 458.799 millones, y determinó que $ 260.437 millones (56,8 % del total) podrían presentar anomalías.
La robadera llegó hasta el flamante y hasta hace poco intocable Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, el cual bajo este gobierno lo han saqueado, primero con un siniestrado sistema de salud y ahora mediante el cobro de multimillonarias primas y pagos a docentes que no tenían derecho a ello. Curiosamente, el silencio de Fecode es ruidoso en este tema.
Las graves irregularidades ya las conoce la Fiscalía que sabe del pago de la prima de mitad de año de docentes pensionados. La entidad detectó que, entre 2024 y 2025, se realizaron 42.400 desembolsos por este concepto por un total de $ 458.799 millones, y determinó que $ 260.437 millones (56,8 % del total) podrían presentar anomalías.
Según explicó Herman Bayona, vicepresidente del FOMAG, la entidad encontró que cerca de 4.400 personas con fallos judiciales en contra habrían recibido el pago, pese a no cumplir los requisitos.
“En el peor de los escenarios estamos hablando de 83 mil millones de pesos”, afirmó Bayona al referirse a pagos que corresponderían a sentencias de segunda instancia que negaban el derecho a la prestación.
IRREGULARIDADES ESPECÍFICAS
De acuerdo con la revisión interna, los pagos se realizaron hasta octubre de 2025. La nueva administración del FOMAG, la cual llegó y asumió los cargos en noviembre, decidió suspender los giros tras detectar inconsistencias jurídicas y administrativas.
El hallazgo principal es que los desembolsos se habrían hecho a personas que:
Tenían sentencias ejecutoriadas que negaban el derecho.
No cumplían los requisitos definidos por la jurisprudencia.
Presentaban reclamaciones reiteradas a través de acciones judiciales.
Bayona explicó que existe un fallo del Consejo de Estado que permite el pago de la prima, pero únicamente a quienes cumplen las condiciones legales. “El problema es que se pagó a personas que no cumplían los requisitos”, señaló.
Además, aseguró que cerca del 95 % de las sentencias pagadas fueron tramitadas por un mismo abogado, Yobany Alberto López Quintero, quien se defendió en el Reporte Coronell, asunto que ahora es materia de investigación.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y DE CONTROL FISCAL
El caso también llegó a manos del Ministerio de Educación, que está apoyando la investigación, resaltando la importancia de aclarar responsabilidades para garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones de los docentes.
Por su parte el ministro de Educación, Daniel Rojas, señaló que está a favor de que la investigación avance y ha destacado que el Ministerio no tiene competencia operativa directa sobre la ejecución de prestaciones, que corresponde a la Fiduprevisora. Rojas agregó que “defender el Fondo es defender a los maestros y maestras del país. Cada peso debe pagarse con sustento jurídico claro y con respeto por la normatividad”, haciendo referencia a la transparencia y el cumplimiento de la ley.
¿Qué pasará con los pagos a los docentes?
El vicepresidente del FOMAG aseguró que no se suspenderán las primas para quienes sí cumplen los requisitos legales, mientras que para quienes no cumplen ya fueron suspendidas. La revisión, según la entidad, busca proteger los recursos del fondo y evitar nuevos pagos indebidos. “Nosotros no estamos cuestionando derechos adquiridos (…) estamos defendiendo los recursos de los maestros”, enfatizó Bayona.
La prima de mitad de año se entrega como compensación a docentes pensionados tras cambios normativos que eliminaron beneficios anteriores, como la pensión gracia en determinados casos.
EL IMPACTO EN LAS FINANZAS
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el fondo encargado de administrar las pensiones y prestaciones sociales de los maestros públicos del país. Opera como una cuenta especial y su administración fiduciaria está en manos de la Fiduprevisora.
En su consejo directivo participan el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y representantes del magisterio. No obstante, Bayona aclaró que en las actas del consejo “no aparece autorización” para los pagos cuestionados.
Si se confirman las irregularidades por más de $260.000 millones, el impacto fiscal sería significativo y podría derivar en ajustes administrativos, mayores controles y reformas en los procesos de reconocimiento de prestaciones.
La investigación sobre los pagos de la prima en el FOMAG será clave para determinar responsabilidades y definir cómo se blindarán los recursos del magisterio en el futuro, en un contexto de creciente escrutinio sobre el manejo de fondos públicos en Colombia.
