El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, instó a las alcaldías y gobernaciones a adoptar las medidas para superar el creciente hacinamiento en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata en todo el país
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, instó a las alcaldías y gobernaciones a adoptar las medidas para poner en marcha, de forma adecuada, los centros de detención transitoria que sean necesarios, con el fin de superar el creciente hacinamiento en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata.
A través de la Directiva 002 de 2026, el jefe del Ministerio Público pidió a los diferentes organismos que tienen competencia en el tema, adelantar las acciones necesarias para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad recluidas en centros de detención transitoria.
En ese sentido, solicitó a las autoridades territoriales a cumplir con lo establecido en el Código Penitenciario y Carcelario, en cuanto a la construcción de establecimientos de reclusión y centros de arraigo, así como la adecuación de estaciones de policía y la celebración de convenios con el Instituto Nacional y Penitenciario .
A su vez, exhortó al Inpec y a la Policía nacional para que establezcan un protocolo a nivel nacional que garantice el traslado de las personas privadas de la libertad, en calidad de detenidas preventivamente, desde las estaciones de Policía y las URI hacia cárceles distritales y municipales existentes.
También, en aras de salvaguardar los derechos de esta población, instó a los órganos competentes a garantizar la capacitación y el entrenamiento en gestión del riesgo y atención de emergencias.
El Ministerio Público vigilará el cumplimiento de estas acciones y verificará que en los planes departamentales, distritales y municipales de desarrollo se incluyan los rubros destinados a la financiación de cárceles municipales y a la celebración de convenios interadministrativos con el Inpec, garantizando que esos recursos resulten proporcionales a las necesidades presupuestales identificadas.
Uno de los puntos centrales de la directiva es la exhortación al Inpec y a la Policía Nacional para que diseñen y adopten un protocolo de alcance nacional que garantice el traslado oportuno de las personas privadas de la libertad en condición de detención preventiva.
El propósito es evitar que ciudadanos permanezcan por largos periodos en instalaciones que no están diseñadas para reclusión prolongada y facilitar su traslado a cárceles distritales y municipales que ya se encuentren en funcionamiento, bajo criterios de seguridad, legalidad y respeto por los derechos humanos.
CAPACITACIÒN
La Procuraduría también puso el acento en la formación del personal a cargo de estos centros. La directiva subraya la necesidad de fortalecer la capacitación en gestión del riesgo y atención de emergencias, como una medida indispensable para la protección de la vida, la integridad física y la dignidad humana de la población detenida.
La falta de preparación ante situaciones críticas —como incendios, motines o emergencias sanitarias— agrava los riesgos en entornos ya tensionados por la sobreocupación y la precariedad de la infraestructura.
VIGILANCIA
Finalmente, el Ministerio Público anunció que ejercerá vigilancia permanente sobre el cumplimiento de estas disposiciones. La Procuraduría verificará que los planes de desarrollo departamentales, distritales y municipales incluyan rubros específicos para la financiación de cárceles municipales y la celebración de convenios con el INPEC.
El mensaje es directo: los recursos asignados deberán ser proporcionales a las necesidades reales identificadas en cada territorio, evitando improvisaciones y respuestas parciales. Para la Procuraduría, la atención del hacinamiento no admite aplazamientos y se ha convertido en una prueba concreta de la capacidad institucional para garantizar derechos y hacer cumplir la ley.
LA CRISIS
El hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata y estaciones de Policía en Colombia registra niveles críticos, superando el 140% de ocupación en 2025 y proyectando un escenario complejo para este 2026. La sobrepoblación, con más de 20,000 sindicados, ha sido denunciada por la Defensoría del Pueblo y el Inpec, derivando en una crisis humanitaria y de seguridad que viola derechos fundamentales.
CIFRAS DE LA CRISIS:
A diciembre de 2025, el hacinamiento en centros transitorios URIs y estaciones alcanzó un alarmante 147.56%, con capacidad para 9,687 personas, pero albergando a 22,889, según datos citados por la Universidad del Rosario.
CONDICIONES INHUMANAS:
Se han reportado casos críticos como en la URI de Fundación, Magdalena, con celdas que albergan más de 70 personas. La Corte Constitucional ha ordenado frenar el uso de espacios inadecuados (buses, carpas) y agilizar traslados.
El otro problema es el de los detenidos sin traslado: A pesar de ser centros transitorios, miles de personas condenadas permanecen en las URIs por falta de cupos en cárceles, agravando la crisis del sistema. Ello desde luego impacta la seguridad, ya que la falta de control en estos lugares y el alto número de detenidos pone en riesgo a la fuerza pública y a la seguridad ciudadana. Esta situación persiste como uno de los mayores retos de derechos humanos en el sistema judicial colombiano.
DOCUMENTO CONPES
Con un enfoque centrado en la garantía de derechos humanos y bajo la premisa de una política penitenciaria integral, aplicable y cumplible, el DNP y el Ministerio de Justicia y del Derecho presentaron recientemente el CONPES 4157 – Lineamientos para la Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario, una estrategia del Gobierno del Cambio que busca dignificar la vida en reclusión, fortalecer la resocialización y mejorar las oportunidades de retorno a la vida en libertad.
Esta política pública responde al compromiso del Estado colombiano de superar el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional, avanzando hacia un sistema más humano, digno y eficaz, que garantice derechos, reduzca la reincidencia y promueva la construcción de proyectos de vida.
La política pública se estructura sobre seis ejes estratégicos que abordan los principales desafíos del sistema:
1. Condiciones de vida digna en reclusión:
2. Resocialización e inclusión en libertad:
3. Cumplimiento de obligaciones territoriales:
4. Calidad, disponibilidad y articulación de sistemas de información:
5. Prevención del delito al interior del sistema:
6. Dignificación del trabajo del personal del INPEC:
Este documento CONPES fue construido de manera participativa, con la intervención y aportes de más de 30 entidades del Gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos del INPEC, personas privadas de la libertad y 87 comentarios públicos recibidos.
