La Comisión Nacional de Disciplina Judicial designó este miércoles al magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez como presidente de la corporación para el año 2026, una determinación adoptada durante la sesión ordinaria de la Sala Plena en la que también se eligió al magistrado Juan Carlos Granados Becerra para ocupar la vicepresidencia de la Alta Corte.
El nuevo presidente, quien cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, ejerció previamente como procurador delegado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Ramírez Vásquez se desempeñó en el pasado como juez penal en categorías municipal y del circuito, además de actuar como defensor público y asesor del Congreso de la República. Su trayectoria académica incluyó la coautoría del Código Disciplinario del Abogado y del Código General Disciplinario.
Ramírez Vásquez acreditó estudios de doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en la Católica de Colombia, tras titularse como abogado en la Universidad del Cauca y especializarse en Ciencias Penales y Criminológicas en el Externado. La hoja de vida del magistrado registró su paso como «Procurador Judicial II Penal de carrera y Magistrado de carrera», cargos obtenidos por concurso de méritos.
Por su parte, el vicepresidente electo, Juan Carlos Granados Becerra, obtuvo su título de abogado en la Universidad Nacional de Colombia y alcanzó el grado de doctor en Derecho por la Universidad Santo Tomás con mención honorífica Cum Laude.
Granados Becerra dirigió el doctorado en Derecho de dicha institución y cursó maestrías en Seguridad y Defensa Nacionales en la Escuela Superior de Guerra y en Derecho Disciplinario en la Universidad Libre.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial recordó que su mandato constitucional le ordena ejercer la «función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y los abogados en ejercicio de su profesión».
La entidad señaló que esta labor debe ejecutarse con «transparencia, integridad, autonomía e independencia», con el fin de garantizar los derechos fundamentales de quienes intervienen en los trámites disciplinarios.
BOGOTÁ, (Colprensa).
