La congresista Ingrid Johana Aguirre Juvinao volvió a pronunciarse públicamente con un comunicado contundente en el que amplía y contextualiza las razones por las que tomó la decisión de renunciar al movimiento político Fuerza Ciudadana el pasado 29 de octubre de 2025, y hace un llamado nacional contra la violencia política ejercida contra las mujeres en Colombia.
El documento, titulado “No callaré más, frente a la violencia política de Fuerza Ciudadana”, retoma hechos que la representante del Magdalena había denunciado previamente, pero que ahora ubica en un contexto más amplio de hostigamiento, humillaciones e incluso prácticas que, según sus palabras, resultaron «insostenibles» para continuar en esa colectividad política.
UN PATRÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA
La congresista Ingrid Aguirre ya había señalado que fue víctima de violencia política y presiones dentro de Fuerza Ciudadana, especialmente por parte de la entonces gerente liquidadora del movimiento, Adriana Trujillo. Un episodio emblemático de esto ocurrió durante la Gran Parada de Caimanes, en el marco del Festival Nacional del Caimán Cienaguero, donde Aguirre afirma haber sido revictimizada en un espacio público y no considerada simplemente como una manifestación cultural, como sostuvo Trujillo. El caso ya fue objeto de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, según apuntó la congresista.
En su nuevo comunicado, Aguirre recordó que esa situación no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de maltrato que incluye señalamientos públicos, revictimización mediática y presiones reiteradas para que renunciara a su curul en el Congreso de la República. En el documento, la congresista aseguró haber sido sometida incluso a pruebas de polígrafo, que ella califica de degradantes, para “demostrar lealtad” al movimiento, atribuyendo esa práctica a órdenes del exgobernador y líder del político Carlos Caicedo, ejecutadas por Rafael Martínez.
“Incluso fui denigrada y maltratada en referencia a la honra de mi madre… Esto es inaceptable”, afirmó Aguirre, señalando que su salida de Fuerza Ciudadana no fue por deslealtad, sino como consecuencia directa del hostigamiento sistemático y la invisibilización de su trabajo, a pesar de haber cumplido con sus responsabilidades ante la ciudadanía.
DENUNCIAS EN SERIE
La denuncia de Ingrid Aguirre se suma a un movimiento más amplio de mujeres que han comenzado a relatar experiencias de abuso, acoso o presiones indebidas dentro del mismo movimiento político. Recientemente se conocieron testimonios de varias mujeres que denunciaron que, durante la administración del exgobernador Caicedo, habrían sido presionadas con insinuaciones de carácter sexual para poder acceder a mejores puestos de trabajo o ascensos dentro de la Gobernación del Magdalena o el entorno político de Fuerza Ciudadana. En uno de esos relatos se menciona que, durante un evento oficial, se le pidió a una mujer que “subiera a la habitación” para poder avanzar en su carrera política.
UN LLAMADO CONTRA LA VIOLENCIA POLÍTICA
En su comunicado, la congresista aseguró que ha decidido “alzar la voz” porque considera que la violencia política contra las mujeres no debe seguir siendo una barrera para la participación democrática, y desconectó su silencio pasado de un acto de dignidad y responsabilidad. Al tiempo, manifestó temor por su integridad física y la de su familia, e hizo un llamado explícito de acompañamiento y protección a las autoridades competentes.
“Hablar no es un acto de rabia, es un acto de dignidad”, afirmó Aguirre, invitando a la sociedad a reflexionar sobre las barreras que enfrentan las mujeres en la política colombiana y sobre la necesidad de proteger los derechos políticos sin discriminación ni violencia.
REACCIONES
Las denuncias contra el exgobernador Carlos Caicedo y su entorno han generado reacciones diversas en el espectro político y social, con dirigentes que respaldan las versiones de las denunciantes, mientras otros sectores las califican de narrativas mediáticas que buscan desestabilizar la aspiración presidencial del político del Magdalena.
En medio de este escenario, el caso de Ingrid Aguirre aparece no solo como una denuncia particular, sino como un punto de inflexión en un debate más amplio sobre la violencia política y de género contra las mujeres en espacios de poder, un tema que ya ha traspasado fronteras locales y que ahora exige respuestas institucionales claras.
LOS ÓRGANOS DE CONTROL
Por su parte, también se conocieron los pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo frente a las denuncias por presunto acoso sexual contra el exgobernador Carlos Caicedo Omar.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa de oficio para esclarecer presuntos hechos de acoso sexual ocurridos en la Gobernación del Magdalena entre 2020 y 2023, decisión adoptada tras conocerse denuncias públicas que vinculan al exgobernador Carlos Caicedo y al movimiento Fuerza Ciudadana con supuestas exigencias sexuales a mujeres a cambio de ascensos y estabilidad laboral.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena decretó la práctica de pruebas con el fin de establecer si existen denuncias previas, vínculos laborales y actuaciones penales relacionadas con los hechos materia de la indagación. El Ministerio Público busca identificar a los posibles responsables y determinar si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria, garantizando el debido proceso.
La apertura del expediente coincidió con la solicitud de la Defensoría del Pueblo, entidad que instó a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Nacional Electoral a investigar las denuncias contra el hoy candidato presidencial.
La Defensoría señaló a través de su cuenta en X: “Rechazamos enfáticamente los hechos (…) según la cual el candidato presidencial Carlos Caicedo, y miembros del movimiento Fuerza Ciudadana, habrían usado su poder político para acosar y hacer solicitudes de carácter sexual a mujeres, a cambio de ascensos”.
El pronunciamiento respondió a una investigación periodística de La FM, medio que divulgó conversaciones de chat atribuidas a Caicedo en las que se leía: “Conmigo se escala rápido si me complace”, además de mensajes donde presuntamente invitaba a una subalterna a su habitación de hotel para “retribuir” el haberla llevado a vivir a Santa Marta.
Una de las denunciantes aseguró al noticiero La Fm que dirige el periodista Juan Lozano que la única forma de ascender laboralmente era “acceder a las pretensiones” del dirigente en los hoteles donde se hospedaba durante eventos políticos.
Pero además, el reportaje incluyó el testimonio de María Alejandra Rojas, quien hace varios años denunció penalmente a Fabián Bolaños, un personaje muy cercano al exgobernador Carlos Caicedo, por un presunto intento de abuso sexual durante un viaje Bogotá n desarrollo de una misión partidista de Fuerza Ciudadana. Rojas relató: “Esta persona usó una droga que se llama fenotiazina para dejarme inconsciente e intentar abusar sexualmente de mí”, y afirmó que, pese a informar al líder del movimiento, el señalado agresor continuó ocupando cargos en la administración.
Otra exfuncionaria declaró haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un alto asesor mientras atravesaba una depresión posparto. Según su relato, al acudir a la Secretaría de la Mujer y a Talento Humano, la respuesta institucional fue ofrecerle un mejor cargo y aumento de sueldo a cambio de su silencio y de simular el despido del agresor.
CAICEDO LO NIEGA TODO
Frente a la investigación periodística de la Fm y las versiones y señalamientos de presunto acoso y abuso sexual, el exgobernador Carlos Caicedo se pronunció a través de red social X, negó la veracidad de lo dicho por las mujeres y atribuyó las denuncias a una persecución política motivada por su candidatura a la Presidencia de la República. Caicedo escribió en sus redes sociales: “Un chat sin verificación no es evidencia”, calificó el asunto como un “burdo montaje” y aseguró que denunciará al periodista responsable.
La Defensoría solicitó al CNE aplicar la Ley 2453 de 2025, estatuto que ordena prevenir y sancionar cualquier acción que limite los derechos políticos de las mujeres, y exigió a la Fiscalía garantías de seguridad para quienes decidieron denunciar.
