Tras conocerse el fallo, la diputada Ángela Cedeño indicó que el fallo despejó dudas sobre su gestión, rechazó señalamientos en su contra y aseguró que sus actuaciones como presidenta se ajustaron a la normatividad vigente departamental.
La sentencia ratificó el fallo que negó la pérdida de investidura solicitada contra la diputada Ángela Cedeño Ruiz, al concluir que los argumentos de la demanda no contaron con pruebas suficientes que existieran.
Una decisión de segunda instancia del Consejo de Estado puso fin al proceso judicial relacionado con la solicitud de pérdida de investidura presentada contra Ángela María Cedeño Ruiz, diputada y presidenta de la Asamblea del Magdalena en 2025. El alto tribunal confirmó el fallo que negó dicha pretensión, tras concluir que en su actuación no se configuró un conflicto de intereses.
Según lo expuesto en la providencia, la Sala examinó los argumentos de la demanda, en los que se sostenía que la diputada habría desconocido presuntas decisiones judiciales que le impedían ejercer la Presidencia de la corporación durante las sesiones del 26 de noviembre de 2024 y del 6 de marzo de 2025. No obstante, el Consejo de Estado determinó que estos señalamientos no estuvieron respaldados por pruebas suficientes que demostraran una conducta irregular o contraria al ordenamiento jurídico.
En su análisis, el alto tribunal concluyó que no se acreditó que Ángela Cedeño Ruiz hubiera comprometido su deber de imparcialidad ni que existiera un interés particular que afectara el ejercicio de sus funciones como presidenta de la Asamblea. En ese sentido, consideró infundadas las pretensiones de la demanda y ratificó la sentencia proferida en primera instancia.
Como consecuencia de esta decisión, el Consejo de Estado ordenó que, una vez la providencia quede en firme, el expediente sea devuelto al tribunal de origen, con lo cual se da por terminado el trámite judicial relacionado con la solicitud de pérdida de investidura.
Tras conocerse el fallo, la presidenta de la Asamblea del Magdalena se refirió públicamente a la decisión y señaló que el pronunciamiento judicial ratifica la legalidad de sus actuaciones al frente de la corporación. Indicó que, a su juicio, la acción judicial tuvo un trasfondo de controversia política, la cual fue resuelta por la jurisdicción competente.
“Tal como lo señala la providencia de segunda instancia, mis acciones como presidenta de la Asamblea del Magdalena estuvieron dentro del marco legal. Nuestro compromiso siempre ha sido cumplir el mandato constitucional de servirle al pueblo del Magdalena”, expresó Ángela Cedeño Ruiz.
La sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión del 17 de octubre de 2025, con lo cual quedó ratificada la validez jurídica del ejercicio de la Presidencia de la Asamblea del Magdalena durante el periodo analizado y despejada cualquier duda sobre la legalidad de las decisiones adoptadas en ese lapso.
