Los jefes de las bandas criminales Digno Palomino, alias ‘Castor’ y el ‘Negro Ober’, iban a regresar a su ´salsa´, a Barranquilla, pero toda una ciudad entera se opuso
Las víctimas aseguran que todavía reciben exigencias económicas para poder trabajar.
Toda Barranquilla se levantó contra el eventual traslado a cárceles de la ciudad de los cabecillas de las bandas criminales Los Costeños, Los Pepes y los Rastrojos Costeños conocidos con los alias de ‘Castor’, ‘Digno Palomino’ y ´El Negro Ober´
Aunque el Gobierno nacional suspendió su llegada, el tema mantiene en alerta a uno de los sectores más golpeados por estas estructuras: los comerciantes.
Las víctimas de extorsión expresaron su preocupación ante la posibilidad de que estos jefes criminales sean recluidos en centros penitenciarios de la capital del Atlántico. Los afectados aseguran que el traslado de estos delincuentes podría traducirse en un incremento de las extorsiones, un delito que ya impacta gravemente su actividad económica. Algunos comerciantes señalaron que actualmente deben pagar sumas mensuales que llegan hasta los 20 millones de pesos, mientras que otros afirman que las exigencias iniciales pueden alcanzar incluso los 50 millones de pesos para permitirles seguir trabajando.
“Sería muy negativo que estos cabecillas sean trasladados a Barranquilla, porque se le facilitaría el accionar a la delincuencia. Al tratarse de personas de la región, tendrían mayor contacto con familiares y cómplices, lo que podría traducirse en un aumento de los delitos que ya cometen. En mi caso, como comerciante, fui víctima de extorsión: me exigieron una ‘matrícula’ de $50 millones de pesos y una mensualidad de $20 millones, supuestamente, para garantizar mi seguridad y la de mi familia, una suma desproporcionada teniendo en cuenta que tengo un negocio pequeño”, explicó un afectado.
MIEDO POR LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS
Más allá del impacto económico, los comerciantes manifiestan temor por la seguridad de sus familias y trabajadores, razón por la cual muchos acceden a las exigencias ilegales.
“Quienes pagamos impuestos no tenemos voz ni voto, y la inseguridad en este sector sigue aumentando. Hace poco asesinaron a un compañero que trabajaba con una carretilla vendiendo arroz de lisa, simplemente porque se negó a pagar una extorsión. Eso es lo que pedimos: más seguridad y que quienes deben estar presos lo estén sin ningún tipo de comunicación, porque desde las cárceles siguen delinquiendo como si nada”, dijo otro comerciante.
La preocupación del sector comercial coincide con la postura del alcalde Alejandro Char, quien ha advertido que los centros carcelarios de Barranquilla no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para albergar a estos cabecillas criminales.
Además, el mandatario distrital señaló que, ante la proximidad del Carnaval de Barranquilla, cualquier situación que se derive de un eventual traslado sería responsabilidad del Gobierno nacional, el cual sostiene que la reducción de los crímenes obedece a la política de Paz Total y no exclusivamente a los operativos adelantados por las autoridades locales.
