La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra Eliécer Peñaranda Carrillo, exgerente del Hospital Local de Concordia, Magdalena, tras identificar una presunta omisión en la custodia de una ambulancia oficial del centro asistencial. El ente de control busca esclarecer si la falta de supervisión y seguimiento por parte del directivo pudo afectar la eficiencia del servicio de salud y el manejo adecuado de los bienes públicos.
Según la investigación, el vehículo habría sido entregado a un taller en 2020 sin cumplir con los requisitos contractuales y presupuestales exigidos para intervenir bienes del Estado, lo que habría generado un vacío en la trazabilidad y supervisión de un recurso fundamental para la atención de urgencias en la población del municipio. Este hecho, de confirmarse, refleja presuntas deficiencias en la administración interna y en los mecanismos de control implementados durante la gestión de Peñaranda Carrillo.
Durante un período aproximado de dos años, el exgerente no habría tomado las medidas necesarias para recuperar la ambulancia ni habría dejado constancia documentada sobre su estado, ubicación o acciones de reparación, lo que dificultó el seguimiento administrativo y afectó tanto la eficiencia del servicio como la protección del patrimonio de la ESE. La Procuraduría subraya que estos actos pueden comprometer directamente la capacidad del hospital para atender emergencias médicas y garantizar la seguridad de los pacientes.
La posible falta fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave, considerando que el directivo tenía la obligación de garantizar un manejo responsable de los bienes públicos esenciales, dejando constancia documental de sus decisiones y reportando de manera clara ante los organismos de control y la ciudadanía. Este calificativo refleja la importancia que tienen los funcionarios en el cuidado de los recursos destinados a la salud y la obligación de actuar con diligencia y transparencia.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y la gestión responsable de los recursos públicos en salud, especialmente aquellos destinados a la atención de emergencias, y refuerza la vigilancia sobre la administración de bienes estatales. Además, resalta el papel de la Procuraduría en garantizar la rendición de cuentas de los servidores públicos y en proteger los intereses de la comunidad frente a posibles negligencias administrativas.
