El director regional de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Jaime Avendaño Camacho, rechazó los señalamientos en su contra del empresario Gabriel Morillo Rodríguez, quien lo denunció penalmente tras una supuesta agresión el pasado sábado, en medio de un procedimiento en el norte de Barranquilla.
A través de su red social X, el funcionario negó que hubiese agredido a Morillo Rodríguez, que haya llegado a desalojar dicho predio y manifestó que solo se trató de una inspección. “Ante las declaraciones falsas realizadas por el señor Murillo en donde aseguró haber sido agredido durante la diligencia de recuperación en Barranquilla, y además por su actuar presuntamente delictivo, se interpuso denuncia ante la Fiscalía por injuria, calumnia, estafa y fraude procesal, aportando las pruebas correspondientes”.
Según el director de la SAE, hace dos semanas había logrado un acuerdo con cada una de las unidades productivas que se encontraban en este folio de matrícula para que entraran a regularse en un arriendo con la Sociedad de Actividades Especiales de un inmueble que le pertenece al Estado.
Precisó que es un proceso de extinción en contra de un bien que perteneció a los hermanos Rodríguez Orejuela. “En el año 2023 trató de realizar un proceso de legalización con la SAE, pero al ver los documentos que tenía que aportar y el costo del arriendo, decidió no seguir con el trámite”, manifestó Jaime Avendaño.
“Este inmueble le pertenece al narcotráfico, lo recuperó el Estado, está extinto y nosotros procedimos a regular la ocupación que se encontraba en cada uno de estos inmuebles. Hace dos semanas manifiesta (Morillo) que él es dueño del inmueble, y que él tenía y estaba usufructuando”, agregó.
Al señalar que se trata de una posesión ilegal, el director regional de la SAE dijo que el empresario Morillo“está captando semanalmente a sus inquilinos una suma de alrededor de 10 millones de pesos, más o menos en el año, casi 480 millones de pesos».
Sobre el argumento de Morillo, quien mencionó un fallo de un juez de la República que sacó el predio de la extinción de dominio en el año 2011 y ordenó la suspensión de todas las medidas cautelares contra el predio, el director regional de la SAE expuso que hay un Certificado de Tradición y Libertad y que el inmueble le pertenece al Estado.
Igualmente se refirió a los señalamientos de lesiones personales a Gabriel Morillo, y negó que lo “haya levantado y lanzado contra un vehículo”. Por lo anterior lo conminó a ir a Medicina Legal para que se verifique su condición de salud.
Anunció el funcionario que la entidad inicia ahora el proceso de legalización de la ocupación con los arrendatarios. “Los activos de la Nación administrados por la SAE se respetan, y nuestro deber como funcionarios de esta entidad es hacerlos respetar y garantizar que cumplan su propósito legítimo: servir a la Nación y a todos los colombianos”, precisó.
