Durante la sesión ordinaria del 7 de octubre, la Asamblea Departamental del Magdalena encendió las alarmas por la crítica situación de la vía Ciénaga–Barranquilla, un corredor estratégico del Caribe colombiano donde proliferan bloqueos, peajes ilegales y asaltos a conductores.
Los diputados manifestaron su preocupación ante la falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades competentes. En este sentido, la presidenta de la corporación, Ángela Cedeño Ruizadvirtió que los cierres constantes han encarecido los productos de la canasta familiar en Santa Marta, debido al retraso en el ingreso de alimentos y mercancías, lo que ha generado un impacto directo en la economía local.
Los testimonios presentados durante la plenaria también reflejaron el riesgo que enfrentan diariamente los transportadores. “Mientras esperan la reapertura del paso, son víctimas de atracos y amenazas. Incluso, en algunos desvíos se están cobrando peajes informales para poder continuar el recorrido”, afirmó la presidenta de la Asamblea.
La corporación coincidió en que esta problemática no solo afecta a quienes trabajan entre Santa Marta y Ciénaga, sino también a los viajeros de todo el país que transitan por este corredor vial. “Es una preocupación que asalta no solo a los diputados, sino también a todos los magdalenenses y a quienes circulan por esta vía”, recalcó la dirigente.
Por su parte, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Marta García Rivera, denunció el incremento de delitos en la zona, donde además de bloqueos se registran atracos, accidentes y saqueos de vehículos. La diputada relató que algunos conductores se ven obligados a pagar “peajes” improvisados para poder continuar su trayecto. “En cada esquina colocan palos o llantas y obligan a entregar dinero; de lo contrario, golpean los vehículos. Esto se ha convertido en una odisea para los transportadores”, expresó.
Ante este panorama, la Asamblea exigió la intervención inmediata de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como el fortalecimiento de los operativos de seguridad que garanticen la libre circulación y la protección de los ciudadanos.
Finalmente, la corporación solicitó priorizar la atención a esta problemática que afecta el abastecimiento, la economía y la tranquilidad de toda la región Caribe. En consecuencia, anunció que continuará ejerciendo control político hasta que se adopten soluciones estructurales que permitan restablecer la normalidad en este corredor vial clave para la conectividad y el desarrollo del Caribe colombiano.
