La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó retirar a la fiscal de apoyo que había sido asignada para acompañar la nueva investigación contra Nicolás Petro por tráfico de influencias, una decisión que se produce después de que la fiscal titular del caso, Lucy Laborde, denunciara formalmente presiones indebidas en el proceso.
La determinación de la jefatura del ente acusador se conoció este martes y se espera que en las próximas horas la entidad emita una respuesta oficial a la extensa carta enviada por la fiscal Laborde, en la que exponía una serie de irregularidades y manifestaba su preocupación por la sorpresiva asignación de un refuerzo en su equipo.
La controversia se originó con una misiva de cuatro páginas enviada por la fiscal tercera especializada, Lucy Laborde, a la fiscal general Camargo y al vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero. En el documento, la funcionaria, a cargo de la investigación contra el hijo del presidente, Gustavo Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, denunció lo que consideró presiones indebidas.
El punto central de su queja fue la Resolución 33 del 8 de septiembre de 2025, proferida por la delegada para las Finanzas Criminales, que ordenó la asignación de un fiscal de apoyo. Según Laborde, esta decisión «no guarda relación alguna con las necesidades del despacho», pues aseguró que el proceso se adelantó de manera íntegra y sin contratiempos por su parte.
La funcionaria judicial, con más de 20 años de trayectoria en la Fiscalía, subrayó que «tengo los conocimientos y la experiencia suficiente, la experticia y las capacidades necesarias para continuar al frente de este proceso». Además, destacó que el caso cuenta con un «soporte probatorio muy fuerte» y no requiere «apoyo, asesoría ni orientación en dicho aspecto».
En su comunicación, Laborde calificó como llamativo que la designación del apoyo se produjera después de un año de haber afrontado «sola la carga de un proceso mediático, priorizado y de alto impacto».
Explicó que la medida coincidió «con el momento exacto» en que solicitó una audiencia para una nueva imputación contra Nicolás Petro por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento e interés indebido en la celebración de contratos, en cumplimiento de una orden judicial.
La fiscal recordó que durante el último año adelantó el proceso incluso con dificultades logísticas, como la falta de una oficina adecuada y un asistente. También denunció que el grupo de investigadores que la apoyaba fue reubicado a otras dependencias donde, según ella, no cumplen labores de policía judicial.
Otro de los hechos que generó alerta en la fiscal Laborde fue una reunión a la que fue convocada de manera «sorpresiva» el pasado jueves 18 de septiembre por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Según relató, en dicho encuentro careció de información previa sobre el tema a tratar y se le solicitó «intempestivamente» que informara sobre los hechos de la nueva investigación contra Nicolás Petro. El argumento que le dieron fue la necesidad de conectar el caso con una compulsa de copias relacionada con la Fundación Conciencia Social.
La fiscal concluyó que en dicho escenario «se abordaron aspectos ajenos a la investigación, lo cual genera incertidumbre sobre el objetivo de tales reuniones», especialmente cuando ya existía una fecha programada para la audiencia de imputación contra el hijo del jefe de Estado.
/Colprensa
