La diputada del Magdalena, Rosita Jiménez, denunció serias irregularidades en el contrato destinado a entregar títulos de propiedad a cerca de 1.100 familias del departamento, en el marco de la Ordenanza 137 aprobada en octubre de 2022.
Según Jiménez, la Gobernación del Magdalena tardó 11 meses en firmar el contrato, por un valor de 1.440 millones de pesos, y solo lo puso en marcha cuando la vigencia de la ordenanza estaba a punto de vencer, en septiembre de 2023. “Con los sueños de estas más de 1.000 familias magdalenenses no se juega. El pueblo merece claridad, respeto y resultados”, afirmó la diputada.
De acuerdo con la denuncia, durante apenas tres meses y medio de ejecución, el contratista recibió 1.152 millones de pesos, equivalentes al 80% del valor del contrato, sin que se hubiera concretado una sola titulación. Posteriormente, el contrato fue terminado por incumplimiento, tal como lo confirmó un informe del entonces secretario de Planeación, emitido el 5 de julio de 2024.
Jiménez cuestionó la forma en que se soportaron los pagos al contratista, señalando que no hubo claridad sobre los productos entregados ni sobre los avances reales del proceso. “¿Cómo y quién ordenó esos pagos sin que se ejecutara el objeto del contrato?”, preguntó.
La diputada también advirtió que en varias zonas del departamento el proceso de titulación fue inviable desde el inicio. En Santa Ana, por ejemplo, los predios eran rurales y cercanos a una ciénaga, lo que imposibilitaba su legalización; en la Zona Bananera se pretendía titular predios privados con cédulas catastrales que no pertenecían a la Gobernación; mientras que en Ciénaga era necesario un trámite con el hospital San Cristóbal para ceder los terrenos, gestión que nunca se concretó. En Santa Marta, por su parte, se incluyeron barrios completos que no fueron revisados desde la fase inicial.
La diputada cuestionó por qué la administración departamental esperó hasta agosto de 2024 para reconocer que el contrato no podía ejecutarse, pese a que desde 2023 ya se habían hecho los desembolsos más altos. Además, denunció que se buscaba autorización de la Asamblea para pagar el 20% restante del contrato, aun cuando las 1.100 familias seguían sin recibir sus títulos de propiedad.
“Jugaron con la esperanza de familias enteras del Magdalena. Como diputada seguiré defendiendo los recursos públicos, porque los recursos públicos son sagrados”, puntualizó Jiménez, al anunciar que continuará con el control político para esclarecer responsabilidades en este caso.
