La investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 terminó por dividir a los mismos congresistas que la llevaban. Dos de los tres representantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara pidieron este miércoles que se llame al presidente a indagatoria, mientras que el tercero, que coordinó el caso, propuso archivarlo. El choque define qué tan lejos llegará el único proceso penal que puede tocar directamente al jefe de Estado.
El representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, lideró la indagación preliminar durante casi dos años y la cerró con una conclusión a favor del jefe de Estado. En su ponencia pidió una resolución inhibitoria y abstenerse de abrir un proceso formal «por atipicidad de la conducta», es decir, porque a su juicio los hechos no constituyen un delito.
Un día después, sus dos colegas del grupo investigador se apartaron de esa postura. Los representantes Gloria Arizabaleta, también del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, radicaron un salvamento de voto en el que sostienen que Petro sí debe responder por el manejo de las cuentas de su campaña.
La grieta no corre entre el petrismo y la oposición. Uribe y Arizabaleta militan en el mismo partido del presidente Petro, el Pacto Histórico, y aun así quedaron en orillas opuestas sobre si Petro debe responder o no.
Qué piden Arizabaleta y Carrillo
Los dos congresistas pidieron vincular formalmente al primer mandatario al proceso mediante una indagatoria, la diligencia en la que una persona queda atada a una investigación penal y rinde su versión sobre los hechos. Para ellos, ese paso es obligatorio antes de tomar cualquier decisión de fondo.
El argumento central del salvamento es que un candidato no se desliga de las finanzas de su campaña por el solo hecho de haber delegado su manejo. El documento sostiene que la delegación en gerentes, tesoreros y auditores «no extingue la posición de garante del candidato» ni su responsabilidad por lo que hagan esos delegados.
El proceso en la Cámara no nació solo. Llegó después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionara en noviembre de 2025 a la campaña Petro Presidente 2022 y ratificara esa decisión en abril de 2026, al concluir que superó los topes de gasto y recibió dinero de fuentes prohibidas.
Esa sanción no recayó sobre el presidente Petro sino sobre los responsables financieros de la campaña. El CNE impuso multas por cerca de 5.922 millones de pesos a Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, junto con la tesorera Lucy Mogollón y la auditora María Lucy Soto, y calculó que el gasto excedió los topes en más de 3.500 millones de pesos entre las dos vueltas.
Como el jefe de Estado tiene fuero, el CNE no podía juzgarlo a él y le trasladó el expediente a la Comisión de Investigación y Acusación, su juez natural, dentro del radicado 5914. Ese es el proceso que hoy tiene sobre la mesa las dos ponencias enfrentadas.
Petro ha rechazado las acusaciones y las ha enmarcado como una jugada de sus rivales políticos. El mandatario sostuvo que lo que el CNE leyó como una violación de topes fue en realidad un error contable, por haber registrado dos veces un mismo gasto, y aseguró que las cuentas se manejaron de forma transparente.
La decisión final no está en manos del trío investigador sino del pleno de la Comisión, integrado por 18 representantes. Serán ellos quienes voten entre archivar el caso, como propone Uribe, o llamar a Petro a indagatoria, como piden Arizabaleta y Carrillo.
De su resultado depende que el presidente Petro termine su mandato sin un proceso penal formal por la financiación de su campaña, o que tenga que responder por ese frente ante su juez natural mientras sigue en el cargo.
/Colprensa.
