La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass, concluyó este viernes su primera visita oficial a Colombia, en la que sostuvo encuentros con autoridades estatales, representantes de la sociedad civil y personas con discapacidad en Bogotá, Cali y Medellín, y presentó sus observaciones preliminares, en las que reconoció avances normativos pero también advirtió serias deficiencias en su implementación territorial.
Durante su intervención, Hagrass señaló que Colombia ha consolidado un “marco jurídico robusto” desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011, e hizo un reconocimiento a la voluntad del Estado por avanzar en esta agenda. Aun así, sostuvo que la legislación no ha sido suficiente para erradicar la discriminación, el estigma y la exclusión que persisten en sectores como la educación, el empleo y la vida comunitaria.
“La legislación colombiana debe ir acompañada de aplicación efectiva en todo el territorio”, afirmó. También exhortó al Gobierno a adoptar el Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y a renovar la Política Nacional de Discapacidad, vencida en 2023, incluyendo un enfoque interseccional con participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad.
La relatora subrayó que la exclusión educativa fue una de sus principales preocupaciones. “Todo empieza con contar con una buena educación para que la persona crezca y pueda vivir de manera independiente”, señaló en respuesta a una pregunta de la prensa.
A pesar de la existencia de normas como el Decreto 1421 de 2017 sobre educación inclusiva, dijo que persisten barreras para la matrícula y falta de apoyos adecuados, especialmente en zonas rurales. Llamó a invertir más en formación docente, currículos adaptados y apoyos específicos.
Sobre empleo, reconoció los avances de la Reforma Laboral, que establece cuotas de contratación progresiva para personas con discapacidad en el sector privado, pero pidió mayor vigilancia sobre su cumplimiento y la promoción de ajustes razonables. Resaltó como buena práctica los programas del SENA en formación profesional y empleo con apoyo.
Hagrass concluyó que es urgente adoptar una estrategia nacional de desinstitucionalización, con metas y cronogramas claros, además de inversiones en alternativas comunitarias que permitan a las personas con discapacidad vivir de forma autónoma.
“Me animó ver iniciativas de vida independiente en los centros que visité, que demuestran el potencial de entornos inclusivos para promover la dignidad y la autonomía”, dijo. Agregó que estas experiencias deben integrarse a las políticas nacionales y replicarse en todo el país.
En materia de participación política, expresó preocupación por la falta de accesibilidad en procesos electorales, como ausencia de formatos alternativos, intérpretes en lengua de señas y dificultades logísticas para el voto. Recomendó que el Gobierno diseñe protocolos electorales inclusivos en consulta con organizaciones de personas con discapacidad.
También se refirió a los efectos del conflicto armado sobre esta población. Sostuvo que han enfrentado violaciones agravadas y pidió mayor accesibilidad en el sistema de justicia, incluidas sentencias en formatos comprensibles. Destacó como ejemplo positivo los programas inclusivos de la Agencia de Reincorporación.
La relatora alertó sobre denuncias de esterilizaciones y uso de anticonceptivos forzados sin consentimiento informado, especialmente en mujeres con discapacidad. Indicó que estas prácticas contravienen la CDPD y pidió al Estado que asegure el respeto por la autonomía corporal y sancione a los responsables de violaciones a estos derechos.
En cuanto a la respuesta del Estado colombiano frente a las quejas de la sociedad civil, Hagrass concluyó que “el hecho de que el Gobierno solicitara esta visita muestra disposición para avanzar”, pero subrayó que las respuestas institucionales deben dejar de ser fragmentadas y abordarse de forma integral, incluyendo salud, educación, empleo y vivienda.
El informe final con sus conclusiones y recomendaciones será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2026, durante su 61º período de sesiones.
/Colprensa
