Colombia se salvó de pagar $465.000 millones.
La controversia giró en torno a la legalidad de la adjudicación de la concesión del Sector 3 del proyecto Ruta del Sol.
Una empresa que pedía una indemnización de $465 mil millones de pesos por no haber sido seleccionada para construir una parte de la Ruta del Sol no recibirá ese dinero. Así lo decidió el Consejo de Estado al concluir que esa compañía no cumplió con los requisitos que se pedían en la licitación.
Todo comenzó en 2010, cuando el Instituto Nacional de Concesiones (hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ANI) abrió una licitación para adjudicar un contrato de obras en el tramo San Roque – Ye de Ciénaga – Carmen de Bolívar – Valledupar, conocido como el sector 3 del proyecto Ruta del Sol.
Siete empresas o consorcios se presentaron, entre ellos el consorcio Vías de la Competitividad – Ruta del Sol, integrado por la empresa colombiana Concisa S.A.S. y la mexicana Conoisa. Sin embargo, su propuesta fue rechazada por no cumplir con algunos requisitos clave.
La oferta del consorcio fue considerada “no admisible” porque uno de sus bancos respaldantes, Global Bank de Panamá, tenía una calificación de riesgo válida solo a nivel nacional en ese país, y no a nivel internacional, como lo exigía el proceso. Además, no se demostró correctamente que la empresa mexicana estuviera registrada legalmente de acuerdo con las reglas establecidas.
Aunque el consorcio argumentó que sí había presentado los documentos en otra licitación similar (la Transversal de las Américas) y que la calificación del banco era suficiente, los jueces concluyeron que no entregaron esa información a tiempo ni cumplieron con lo que pedían los pliegos.
La empresa Concisa S.A.S. presentó una demanda solicitando que se anulara la adjudicación del contrato a Yuma Concesionaria S.A. y pedía una indemnización por los daños que, según ellos, les causó esa decisión. Argumentaban que su propuesta era más económica que la ganadora y que cumplía todos los requisitos.
Pero los jueces revisaron el caso y concluyeron que el consorcio no cumplía las condiciones necesarias desde el principio. Por eso, no tenían derecho ni a que se les adjudicara el contrato ni a recibir indemnización alguna.
Debido a esta decisión, el Estado no tendrá que pagar los $465 mil millones que pedía Concisa. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la ANI defendieron la actuación del Gobierno argumentando que todo el proceso fue legal y transparente.
“Detrás de cada proceso hay un trabajo técnico y riguroso que busca lo esencial: defender al Estado con argumentos sólidos y decisiones responsables”, señaló César Palomino Cortés, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
